Pese a que fue suspendida la audiencia de preparación de juicio oral, relacionada con una investigación fiscal por los delitos de estafas reiteradas en el contexto de venta de terrenos irregulares, programada para el día de ayer, el que esta causa ya haya llegado a estas instancias, y con imputados arriesgando 14 años de cárcel, fue recibido como una buena noticia para la seremi de Bienes Nacionales de Ñuble, Carolina Navarrete.
“Que los tribunales se estén pronunciando respecto de ello, para nosotros es una buena noticia, porque estamos por defender y distinguir entre quienes compran sabiendo lo que están comprando, sabiendo que sólo están adquiriendo derechos y acciones entendiendo que luego puede haber un proceso que los regularice, pero nunca avalaremos es que esta venta se haga mediante engaños”, dijo.
La venta de acciones y derechos con la promesa (no siempre real) de que se está en proceso de regularización es una actividad que se sigue observando con mucha frecuencia en el país, pese a los múltiples llamados a no caer en estos engaños.
En este caso en particular, se vendían terrenos no regularizados ni en proceso de ello, en la comuna de Pinto, y conforme a la parte querellante hubo más de 10 víctimas, aunque la fiscalía sólo acreditara cuatro hechos comprobables documentalmente.
Manuel Guzmán, alcalde de Pinto, también celebró las altas penas que los tribunales les están asignando a estos delitos.
“Creemos que si las penas son así de rigurosa serán de gran ayuda para evitar que se sigan realizando estos engaños. La gente debe entender que comprar derechos o acciones no les da derecho a construir en esos terrenos, no hasta que obtengan un rol, es decir, que se regularicen”, apuntó.
18 de marzo
Respecto a la audiencia de preparación de juicio oral que se realizaría en contra de los imputados Mauricio Infantas y María de los Ángeles Manzano, ésta se suspendió para el próximo 18 de marzo.
Esto, debido a diferencias en las solicitudes hechas por la Fiscalía y la parte querellante, ésta última representada por el abogado Roberto Gutiérrez, quien dijo a LA DISCUSIÓN que “nos sorprendió que el fiscal (Florentino Bobadilla) reconociera en la audiencia, algunas atenuantes, considerando que en la acusación se especifica que no había circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, y nos opusimos”.
Otro factor de discordia fue que el fiscal Bobadilla propuso terminar la causa en un procedimiento abreviado, mientras que para el querellante la única salida posible es un juicio oral.
De todas maneras, el tribunal apercibió a los intervinientes que la audiencia del 18 de marzo se realizaría sin posibilidad de nueva prórroga.
