Preocupa cada vez más el número de delitos violentos cometidos por niños y jóvenes menores de 18 años, quienes -en muchos casos- resultan de difícil recuperación para la sociedad. El antecedente en cada caso es, por lo general, la absoluta exclusión de cualquier contención familiar o social. Este círculo vicioso se retroalimenta cuando los menores reciben la “escuela de la calle”, donde inevitablemente adquieren malos hábitos -en especial relacionados con drogas- que hacen aún más difícil su recuperación.
Entre los menores infractores, hay un 20% que es reincidente y reincidente refractario, concepto para aquellos que van configurando trayectorias cada día más violentas, que parten con el hurto simple, el hurto por sorpresa y de repente empiezan a consolidarse en trayectorias donde empiezan a haber delitos graves contra las personas, como el robo con intimidación o incluso el homicidio.
Eso está incidido por la estrategia de las bandas criminales, organizaciones como el narcotráfico, de involucrar a los niños en estos delitos que son de carácter violento. Según los expertos, los narcotraficantes involucran niños para cooptar a la comunidad. Cuando una comunidad tiene un hijo o un sobrino involucrado con un narcotraficante en una banda criminal, se coarta en cooperar con las autoridades porque claramente el niño está secuestrado. El segundo elemento es que traslada el peso de la responsabilidad penal hacia el niño, que en muchos casos es inimputable o está sujetos a la ley penal adolescente, que considera un costo punitivo menor que el que recibirían los adultos.
Este año se cumplen 15 años de vigencia de la Ley 20.084, que estableció un sistema de responsabilidad penal especial para los adolescentes, que considera la aplicación de penas distintas a las consideradas por la ley común, en consideración a la edad y necesidad urgente de instar por su reinserción social.
Una de las penas que esta ley considera es la internación del menor que ha delinquido, en un centro donde es privado de libertad con el fin de someterlo a programas y tratamientos que pueden tener como objetivo provocar su reescolarización y/o prepararlos para un trabajo digno. El problema es que a esta instancia llegan muy pocos.
A la realidad no hay que taparla, pero tampoco tergiversarla, y la respuesta a la subutilización antes descrita tiene mucho que ver con la lógica de evitar todo tipo de medidas cautelares, incluso intervenciones que pueden ser muy valiosas para la evolución de los menores, incluyendo también atención para sus padres.
El sistema judicial de menores trata diariamente con las más crudas realidades sociales que afectan a adolescentes y niños, pero con muy escaso reconocimiento social y apoyo institucional. La imagen que presenta esta situación recuerda la de una alarma, que suena desde hace mucho tiempo sin que nadie le preste atención, a pesar del estado de emergencia en que se encuentra.
Los menores infractores de la ley son responsabilidad de todos nosotros, pero parecería que nadie quiere asumir esa responsabilidad. Lejos de las contiendas electorales y puestos a trabajar en los asuntos que importan, los gobiernos y la sociedad les debemos la igualdad de oportunidades que se merecen.
