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En su visita a Chillán, el fiscal nacional, Jorge Abbott se refirió a las causas de abuso eclesiástico que investiga el Ministerio Público a nivel nacional, y que suma un total de al menos 13 sacerdotes y exsacerdotes indagados en Ñuble, ocho de ellas transferidas por decisión de Abbott desde la Fiscalía Regional de O’Higgins a la Metropolitana Centro Norte, a cargo de Xavier Armendáriz.
El cambio fue decretado por el fiscal nacional luego de que se iniciara una investigación penal y administrativa contra el fiscal regional de Rancagua, el chillanejo Emiliano Arias, debido a las denuncias de su subalterno Sergio Moya, por presunto tráfico de influencias en otra causa que lideraba el persecutor. En el caso de la investigación de abusos eclesiásticos, que Arias inició hace un año en todo Chile con autorización de Abbott y en la que desafió por primera vez a la jerarquía de la Iglesia Católica, había sido hasta el momento bien evaluado por las víctimas. Incluso antes de su salida anunció que el equipo especializado que formó a través de la Fiscalía de Alta Complejidad estaba listo para comenzar las formalizaciones.
Ante la incertidumbre de los denunciantes de Ñuble, el fiscal nacional explicó que “elegimos la Fiscalía Centro Norte por la gran experiencia que tienen los fiscales de esa Fiscalía, y en particular el fiscal Xavier Armendáriz. Recordarán que quien llevó adelante la investigación respecto de Karadima fue precisamente él, que luego de concluir la investigación, la traspasó al sistema antiguo, donde se decretó el sobreseimiento por la prescripción de los delitos, pero toda la investigación la llevó adelante el fiscal Armendáriz, que cuenta con un equipo muy robusto para llevar adelante indagaciones de esta naturaleza”.
Las dudas de los denunciantes se deben principalmente a los cambios de equipos, pues ningún miembro de la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, continúa en el caso. Abbott precisó que “en un primer momento, el fiscal Armendáriz está trabajando con la fiscal que está cooperando en la investigación y que estaba destinada a la Fiscalía de O’Higgins, y luego él tendrá que evaluar la continuidad de la asesoría o de la presencia de esa fiscal en su equipo”.
En relación al retraso que podría implicar el cambio de Fiscalía, el jefe del Ministerio Público sostuvo que “esperamos que no sea así. La verdad es que el fiscal Armendáriz ha puesto todo su empeño, y también el fiscal Héctor Barros -jefe Fiscalía Metropolitana Sur-, de la investigaciones que lleva adelante en relación a la Iglesia, particularmente en cuanto a los delitos que se han cometido en el contexto de las congregaciones, pues están tratando de llevarlas adelante con la mayor celeridad”.
Abbott detalló que tuvo “una reunión la semana pasada con el fiscal Armendáriz, que ya había recibido parte importante de todos los antecedentes, faltaba que se enviara la evidencia, pero ya él tiene una clara percepción de la realidad de la investigación, y eso le permite tomar algunas decisiones o revisar decisiones que estuvieron a punto de tomarse según lo que indicaba el fiscal anterior a cargo de la investigación”.
A las víctimas de Ñuble les pidió que “tengan plena confianza, ya que estos cambios van a ir en vías de mejorar la investigación, hacerla mucho más objetiva, y mucho más expedita”.
Abbott evitó calificar el trabajo de Emiliano Arias. “Una vez que el fiscal Armendáriz termine su investigación, vamos a poder evaluar exactamente si el trabajo previo fue adecuado o no. Las investigaciones se conocen por sus resultados finales”, enfatizó. Además valoró positivamente el aporte de la Iglesia Católica. “Hemos tenido una cooperación importante, por ejemplo la Comisión de Verdad que se estableció a raíz de la visita de monseñor Scicluna, ha significado que al Ministerio Público lleguen más de 60 denuncias provenientes precisamente de esa instancia creada por la propia Iglesia Católica. Hemos tenido cooperación en algunos aspectos, como también dificultades en otros, pero debo reconocer que hay cooperación por parte de algunos miembros e instancias de la Iglesia que es importante valorar”.
Hasta ahora ha trascendido que Armendáriz no agruparía todas las causas en la arista del encubrimiento, como estaba planificado en la tesis del fiscal Arias, y el motivo por el cual trasladó al menos ocho causas desde Ñuble a O’Higgins. Abbott consideró que esa es una decisión que tiene que tomar el fiscal Armendáriz. Se están analizando precisamente los antecedentes para poder reafirmar o reformular las imputaciones que eventualmente estaba investigando el fiscal Arias”.
Las casos de la Diócesis
La Fiscalía Regional de Ñuble confirmó que investiga cinco casos de presuntos abusos en los que miembros del clero están involucrados. Otras ocho carpetas se enviaron a O’Higgins, cuando aún el fiscal Arias estaba a cargo de la investigación, y la semana pasada llegaron hasta la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, a cargo de Armendáriz, que aseguró que las causas son secretas. Entre ellas se encuentran las del obispo emérito Carlos Pellegrin, Renato Toro y el capellán del Ejército, Héctor Bravo. El fiscal Arias informó que las trasladó porque todas involucraban un posible encubrimiento. En tanto, una de las que permanecería en Ñuble sería la del exrector de la Catedral, Osvaldo Salgado, sobre quien también pesa un juicio eclesiástico, que acumula tres denunciantes. La indagatoria lleva más de un mes de retraso, pues el investigador requirió más testigos, y por la dificultad de encontrar un abogado canónico para Salgado.
Sobre las tareas de Armendáriz, Juan Carlos Claret, secretario ejecutivo de la Red laical nacional, afirmó que debe “asimilar todo el conocimiento teórico y práctico del equipo de Arias, que recibió clases para entender el lenguaje eclesiástico y conocer cuáles eran las dinámicas y los círculos de poder dentro de la Iglesia, un bagaje conceptual que el equipo de Armendáriz no tiene. El principal desafío será restablecer las confianzas en el Ministerio Público, y es por eso que debería empezar a golpear la mesa, no retrasando más los procesos e iniciando las primeras formalizaciones en contra de los cardenales, de los obispos, y empezar a sentar a los curas acusados de abusos en los banquillos de los tribunales”.
Sobre el secreto que permite que no se conozca el nombre de todos los sacerdotes investigados de la Diócesis de Chillán, y que se encuentren actualmente en ejercicio de sus cargos, Claret hizo hincapié en que “es deseable, tal vez hasta exigible, que un sacerdote que esté en conocimiento de una investigación en su contra, y el administrador apostólico no, que lo ponga en conocimiento para que inicie de oficio una indagatoria canónica y establezca las medidas cautelares en beneficio de la comunidad. No hacerlo significa tener conciencia de que hay un inminente daño a la comunidad y que frente a eso no hace nada”.
