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En el país existe una suerte de “nerviosa expectación” por ver a las autoridades encontrar alguna fórmula que permita, si bien no erradicar, frenar la evolución de la delincuencia.
El fenómeno que hoy se ha visto agigantado por la llegada de delincuentes extranjeros, miembros de asociaciones criminales internacionales, el aumento del poder de fuego de bandas delictuales y una violencia cada vez más insurrecta por parte de adolescentes, tampoco da tregua en las instituciones llamadas a cautelar la seguridad o la transparencia de nuestro Estado.
Prueba de ello, son los casos Cuentas Corrientes, Led, Convenios, todos ellos con aristas en Ñuble, cometidos por funcionarios públicos. Alcaldes, jueces, empresarios, concejales y directores municipales han pasado por las cárceles de Ñuble en estos últimos seis años.
La última encuesta Enusc, mostró que Ñuble, con un 91,6%, es la Región que tiene la mayor percepción de inseguridad en el país, las autoridades locales han intentado diversas estrategias para, al menos, frenar la escalada delictual, logrando que este 2024, las denuncias por delitos violentos bajaran por primera vez en esta década.
Las apuestas se han centrado en la televigilancia; las mesas de trabajo con entidades policiales, fiscales, de Gobierno y municipales y la creación de patrullas municipales en casi las 21 comunas de Ñuble.
Se ha inyectado miles de millones de pesos para remodelar cuarteles, comisarías, tenencias y retenes. Mientras que para poder responder a la demanda civil por mayor dotación, Carabineros ha conseguido crear unidades especializadas de cobertura regional, como el OS9, el Gope, el COP, la Sevb y el Labocar.
Hoy, el Ministerio Público está totalmente sobrecargado, con fiscales que manejan en promedio 2.700 carpetas de investigación al año.
Aun así, a Fiscalía Regional ha creado unidades especializadas, como el Grupo Foco, que se ha centrado en casos de alta complejidad, incluyendo casos de corrupción y crimen organizado.
