El pleno del Tribunal Constitucional (TC) dio luz verde a que la ley que castiga con cárcel delitos económicos y medioambientales, luego de descartar que exista “vicios de inconstitucionalidad”.
La resolución del TC se conoció este martes, luego de terminar la revisión y análisis del proyecto de ley para enfrentar los también llamados “delitos de cuello y corbata” y que la Cámara de Diputados envió para su control de constitucionalidad, el pasado 20 de junio, según informó radio Bío Bío.
Con ello, la norma quedó en condiciones de entrar en vigencia.
La Cámara de Producción y Comercio había ingresado un “téngase presente” ante el Tribunal Constitucional por supuestos vicios de constitucionalidad que tendría el texto. Según el gremio, que agrupa a algunas de las empresas más importantes en cuanto a producción del país, el proyecto “atenta contra el propio orden público económico al “seleccionar” a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general”.
Al respecto, así como también pasó los demás téngase presentes incorporados por legisladores para defender el proyecto, la magistratura determinó que se agregaran al expediente, sin analizarlos para realizar el control de constitucionalidad respectivo, según publicó Emol.
Con esto, el TC podrá comunicar el fallo al Congreso, a la Contraloría General de la República y al Ejecutivo. Y como el proyecto no tiene reparos constitucionales, podrá ser publicado como ley y entrará en vigencia en las mismas condiciones en que fue enviado desde el Congreso, tras el veto que introdujo el gobierno.
Nuevas sanciones
La propuesta establece sanciones ante el comiso de ganancias ilegítimas y establece una “responsabilidad especial” para quienes ejercen una situación de control dentro de las empresas.
Para atentados contra la libre competencia, como lo es, por ejemplo, una colusión, la propuesta legislativa también establece un proceso sancionatorio. Lo anterior, para todos aquellos que “actúen en beneficio propio y en perjuicio de la sociedad o del resto de los accionistas”.
Otro de los apartados que incluye el proyecto es la regulación de delitos de atentados medioambientales. En esos casos, se propuso establecer penas efectivas de cárcel, por ejemplo, en casos de contaminación.
En definitiva, el proyecto busca dejar atrás las sanciones de clases de ética y apuntar hacia penas efectivas de privación de libertad.
