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En alerta y dispuestos a tomar decisiones que pueden llegar incluso a una paralización de los recorridos se encuentran los dueños de taxibuses urbanos de Chillán, quienes, reunidos en la asociación gremial, han recibido una serie de fiscalizaciones por parte de la Dirección del Trabajo, las que han decantado en multas millonarias que los empresarios tildan de “absoluta y completamente injustas”.
Humberto Llanos, presidente de la agrupación, sostuvo que en septiembre de 2023 la Dirección del Trabajo inició un plan de fiscalización en distintas ciudades del país, con el fin de revisar las condiciones laborales con las que desarrollaban sus quehaceres los conductores del transporte mayor, lo que fue aplaudido por el gremio. “Nosotros siempre hemos cumplido con la normativa y por lo tanto no tenemos ningún problema con las fiscalizaciones, siempre y cuando se ajusten a Derecho y se respeten las reglas del juego”, apuntó el dirigente.
Llanos agregó: “nuestra sorpresa vino cuándo se nos comenzó a cursar multas a raíz de que, desde la Dirección del Trabajo, se nos señaló que el contrato de cada uno de los conductores debía depender de Sotrapa, que es la sociedad que administra los cartones de recorrido y la que firmó con Transportes el contrato de perímetro de exclusión, cuestión que nosotros no compartimos por diversos motivos. El primero de ellos es que en las diversas líneas hay muchos dueños de máquinas. Una persona puede tener una, dos, tres o más buses e incluso algunos dueños son los mismos conductores. En tal sentido, como lo hemos hecho siempre, cada contrato lo firma el conductor con el dueño del bus, quién paga su sueldo, imposiciones y cumple correctamente con todo lo que señala la legislación. En el parque actual, de 300 microbuses , aproximadamente 60 son conducidos por sus propietarios”.
En segundo lugar, indicó Humberto Llanos, la fiscalización debía concentrarse en que el conductor tuviera contrato, cuestión que sucede en la gran mayoría de los casos. “Una persona que tiene un bus y que además lo maneja personalmente, no tiene por qué tener un contrato con una sociedad que solo administra. Es más, Sotrapa no es dueña de nada, no tiene propiedades, no tiene patrimonio. Si fuese dicha sociedad la que firmara los contratos, los conductores quedarían en el más completo abandono en términos de respaldo económico en caso de problemas laborales. Hoy, como es el dueño del bus quién le hace el contrato a su conductor, si hay un inconveniente, un problema legal, el empresario tiene patrimonio para responder, si fuese la sociedad que no tiene patrimonio, sería un perjuicio para los trabajadores”, sostuvo.
Según indica la resolución exenta número 1719 de 1992, emitida por la propia Dirección del Trabajo y que define la planilla de ruta, los contratos deben ser firmados por el dueño del bus, quien se transforma en el empleador. “Esa es una resolución absolutamente vigente, por lo que ahora nos quieren cambiar las reglas del juego”, expresó el líder gremial.
Humberto Llanos dijo que este tema lo han planteado ante diversas autoridades incluso al propio director nacional del Trabajo, quién no maduró argumentos y ratificó el mecanismo con el que se encuentran operando. El también presidente nacional de Conabús puntualizó que “no han querido entender razones, no han considerado nuestra postura y las multas siguen. No tenemos capacidad de pago y finalmente lo que va a pasar es que tendremos que ejercer medidas de presión para ser considerados, perjudicando lamentablemente a los usuarios”.
