En los últimos cinco años, 1.403 hectáreas en Ñuble han sido afectadas por tala ilegal o robo de madera, de las cuales 720 corresponden a bosque nativo, lo que representa una grave amenaza para la biodiversidad local y los ecosistemas forestales.
Las zonas más afectadas han sido principalmente en las comunas de Yungay, El Carmen, Pinto y San Fabián de Alico, por cuya precordillera se extiende el corredor biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja, declarado reserva de la biósfera por la Unesco, una denominación que tiene muy poca utilidad práctica a la hora de proteger los árboles de los intereses detrás del mercado de la leña.
Especies como coigüe, lenga, ñirre, roble y raulí, que crecen en las zonas altas, son víctimas del llamado “floreo” o cortes hormiga que, por tratarse de superficies pequeñas, son difíciles de detectar para los inspectores que monitorean por medio de imágenes satelitales o con patrullajes.
Desde la Conaf aseguran que las principales causas son la necesidad de calefacción, pero también se observa un interés por comerciar leña de forma ilegal, de hecho, muchas veces se trata de robo de madera.
Lamentablemente, las sanciones para la tala ilegal están lejos de disuadir a los potenciales infractores, y, en la práctica, muy pocas veces se aplican. La multa corresponde al doble del valor comercial de los árboles cortados -un mínimo de 5 UTM/ha y hasta el 200% adicional si la madera es retirada-, además de la obligación de reforestación y el comiso de los productos, pudiendo enfrentar multas millonarias y penas corporales si son especies protegidas o zonas sensibles.
Y si bien se observa una tendencia a la baja a partir de la información aportada por las fiscalizaciones que se han realizado, lo que se atribuye a una mayor educación y a un refuerzo de las fiscalizaciones en terreno, es difícil no pensar que detrás de estas estadísticas existe un número que esconde una realidad mucho más preocupante.
En ese sentido, se valora la promulgación, en mayo de este año, de la ley que crea el Servicio Nacional Forestal y que transforma a la Conaf en un servicio público, fortaleciendo sus funciones y atribuciones, lo que consolida su rol como ente fiscalizador. También destaca la Ley de Robo de Madera, promulgada en septiembre de 2022, que endureció las sanciones, tipificando delitos específicos y permitiendo técnicas especiales de investigación.
En ese contexto, cuesta entender que, por un lado, existan esfuerzos de parte del Gobierno por regular la comercialización de leña, incluyendo la entrega de subsidios para los leñeros, y por otro, que las herramientas de fiscalización y las sanciones sean tan poco efectivas.
El bosque nativo tiene múltiples beneficios para el medio ambiente, como la protección del suelo de la erosión, la conservación de la biodiversidad, la captura de carbono y material particulado y la producción de agua, entre otros.
Hoy, frente a un escenario ambiental complejo, con un proceso de cambio climático en marcha, las acciones que apunten a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a proteger las zonas de alto valor natural cobran especial relevancia, como la fiscalización de la tala ilegal de bosque nativo, pero también es fundamental avanzar en la reforestación, en la recuperación de suelos degradados y en la educación, de manera de generar conciencia, principalmente en las nuevas generaciones, sobre los beneficios ambientales del bosque nativo.
