Share This Article
La desertificación es un problema que afecta a países alrededor de todo el mundo. En términos globales se estima que ya afecta al 40% de la superficie del planeta, mientras que en América Latina y el Caribe al menos 300 millones de hectáreas se encuentran desertificadas, cifra que crece cada año. En Chile se estima que de los 75 millones de hectáreas de superficie del país, casi 50 millones de hectáreas se encuentran con algún grado de degradación, erosión, desertificadas o en riesgo de estarlo, es decir, dos tercios del territorio nacional.
En nuestro país, el avance de la desertificación está vinculada principalmente con algunas prácticas denominadas genéricamente “cambio de uso de suelo” y que pueden resultar muy nocivas, tales como la expansión urbana, la ampliación de la frontera agrícola, la corta de bosque nativo en pendiente, en cabeceras de cuenca o para habilitar cultivos agrícolas o forestales, también conocida como labores de “despeje” o limpia, es decir, la histórica sustitución de bosque nativo por plantaciones forestales exóticas, además de los efectos de los incendios forestales.
Así, la lucha contra la deforestación y la desertificación debieran constituir una piedra angular de la estrategia de Chile para enfrentar el cambio climático.
Para ello es necesario fortalecer las instituciones que desde el Estado tienen la responsabilidad de velar por la protección y conservación de nuestro patrimonio natural, particularmente los bosques.
En ese contexto, se debe poner especial atención en la razonable, pero hace años postergada propuesta de transformar a la Conaf en un Servicio Nacional Forestal de carácter público. De hecho, la principal recomendación realizada a fines del año pasado por el Consejo de Política Forestal, durante la sesión plenaria extraordinaria donde se analizó la institucionalidad forestal de Chile, fue precisamente retomar la discusión de esta iniciativa.
Es indispensable entender la importancia que tienen los bosques nativos en frenar la desertificación, y en la protección de cursos de agua y de los suelos. La ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (N° 20.283), en su artículo 17 establece la necesidad de contar con medidas exigentes de protección. Sin embargo, tras 15 años de vigencia, lo que se ha visto es todo lo contrario, pues se le ha bajado el perfil a esta exigencia mediante normas transitorias, con lo que muy poco se ha ayudado al control de la desertificación.
El permanente menoscabo a nuestro patrimonio natural y las blandas regulaciones en nada ayudan al país, pues no permiten que las instituciones encargadas por ley del resguardo de los bosques cumplan su función; por el contrario, desde el aparato público más bien se favorece el desarrollo de “proyectos productivos” que amenazan nuestros bosques, aguas y suelos.
Es necesario apoyar la creación de instituciones públicas en las que el fomento productivo, la conservación del patrimonio natural y la fiscalización estén en distintos servicios. No es razonable que sea una misma entidad la responsable de, por una parte, promover plantaciones exóticas, por otra, conservar el bosque nativo y que, junto con ello, deba fiscalizar este mismo ámbito.
