Señor Director:
El 1 de julio, el ingreso mínimo mensual fue incrementado a 500 mil pesos. En este contexto, me permito dos reflexiones. En primer lugar, la forma en que se ha logrado este incremento puede ser considerado un ejemplo de desarrollo sostenible (ODS) en fondo y forma. Por un lado, este incremento es una contribución de fondo, que ayuda a la reducción de la pobreza y de la desigualdad económica (ODS 1 y 10). Pero, además, esta política fue diseñada de manera progresiva, lo que es una contribución de forma a la manera en que estos incrementos se han realizado históricamente. Para la industria, tener certeza de los cambios permite adaptarse y garantizar la viabilidad del negocio en el tiempo. En otras palabras, ocuparse de las necesidades presentes sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras. Esto es precisamente desarrollo sostenible.
Sin embargo, y, en segundo lugar, la discusión del sueldo mínimo nos puede hacer olvidar otra batalla pendiente: la informalidad laboral. Según las últimas mediciones, la informalidad laboral es de un 27% en Chile. En el trabajo informal, no corre legislación alguna sobre salario mínimo, jornadas laborales, protección de derechos o descanso legal, lo cual precariza la calidad del trabajo (ODS 8). Es más, en la última medición, la tasa de ocupación informal de las mujeres es 4% más alta que la de los hombres, evidenciando una brecha que va en directo perjuicio a lograr la igualdad de género (ODS 5). Si queremos dar el siguiente paso como país, debemos prestar atención no solo al mercado laboral que podemos observar (y regular), sino que también a reducir la informalidad laboral.
José Ignacio Hernández
Investigador Facultad de Economía y Gobierno USS
