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El subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, se mostró confiado en que en un plazo de dos meses el Tribunal Ambiental de Valdivia debiera levantar las medidas cautelares que dictó el año pasado, contra la empresa Astaldi, concesionaria del embalse La Punilla, a raíz del desalojo de las familias de la zona a inundar.
Dado que las medidas impiden el inicio de las obras, la autoridad expresó que al levantarse las cautelares, la empresa debiera comenzar con la construcción del postergado embalse.
“La empresa ha ido cumpliendo con lo que estipula el contrato, sin embargo, nosotros estamos con los ojos puestos sobre ella, porque vemos que debiera avanzar más rápido ese contrato. Este es un proyecto muy importante para la región y para el país, y por lo tanto, estamos permanentemente fiscalizando el estado de ese contrato”, manifestó.
Recordó que “actualmente está todavía con las medidas cautelares. La demanda ya fue contestada por la empresa. Y nosotros esperamos que se levanten en los próximos dos meses”.
Palacios argumentó que “yo pienso que esas cautelares se van a levantar porque me parece que el planteamiento para solicitarlas no tiene mucho sustento jurídico, ese es mi punto de vista, sin embargo, hay que esperar a que resuelva el Tribunal”.
A partir de eso, anticipó que “en agosto la empresa tendría que haberse instalado con inicio de obras y tendría que hacer un aporte de capital. Si no lo hace, tendríamos que conversar con la empresa en otros términos”.
Zapallar y “blancos”
Consultado por el embalse Zapallar, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) estaba anunciado que se ingresaría en abril, descartó que exista un retraso. “Está dentro de los plazos que hemos definido”, subrayó, y adelantó que en los próximos días debiera ingresar el proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Asimismo, detalló que se están ejecutando los estudios (de factibilidad y diseño) del embalse Chillán, que también fue priorizado por el Gobierno.
En cuanto a la solución para las áreas “blancas” del sistema Laja-Diguillín en Bulnes y San Ignacio, informó que “ya se ha definido el camino a seguir. El Estado va a invertir en la continuación del canal principal (Coltón-Larqui), que son del orden de los $6 mil millones, y vamos a hacer un programa especial -esto fue definido por el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego- para que cada uno de los beneficiarios o grupos de beneficiarios puedan optar a un subsidio de construcción o habilitación de los canales interiores a través de la Ley 18.450 y con un aporte especial, probablemente, del Gobierno Regional”.
El subsecretario precisó que “si se trata de beneficiarios Indap, ellos podrán acceder al máximo subsidio, desde ese punto de vista, obtendrían el mismo subsidio que si se aplicara cualquier otra ley, como el DFL 1123”.
La autoridad explicó que “el proyecto, en total, son poco más de $50 mil millones, con lo que si se hiciera vía DFL 1123, probablemente nos demoraríamos muchos años en sacarlo adelante, porque tendríamos que comprometer recursos del MOP varios años”.
En esa línea, defendió la rapidez de esta fórmula escogida: “Nosotros creemos que es más rápido, es más ágil y es más atingente desde el punto de vista jurídico, porque respetaría la propiedad de los canales, que serían de los mismos agricultores”.
Agregó que “el tiempo debiera ser menor en la medida que sean más ágiles las personas en presentar sus proyectos. En este caso, va a ser un proceso simplificado, porque ya existe la ingeniería, por lo tanto, lo que se requiere es que las personas se organicen para que puedan presentar estos proyectos y nosotros esperamos que en un plazo de unos cinco a seis años podamos tener todos esos canales construidos”.
Ruta 5
Consultado por la relicitación del tramo Talca-Chillán de la Ruta 5, explicó que el proyecto a licitar considera mover el peaje troncal desde Retiro hasta el límite regional con Ñuble, en el río Perquilauquén. Asimismo, detalló que “la Ruta 5 tendrá terceras pistas en toda la extensión del tramo a licitar. Si no, es poco lo que ganaríamos respecto a la condición actual”, comentó.
En cuanto al valor de los peajes, indicó que “eso lo va a determinar la licitación, nosotros estamos pidiendo bastantes obras adicionales, enlaces, salidas, mejoras en seguridad, diferentes cosas, pero creemos que lo más probable es que el peaje tenga una disminución”, y confirmó, además, que se mantendrán los peajes laterales, “porque justamente el objetivo es que ahora cada persona pague por kilómetro utilizado, por lo tanto, el peaje lateral va a medir, desde la entrada a la salida, cuántos kilómetros ha recorrido el usuario”.
Palacios visitó Chillán para difundir el programa “Clase media protegida”, que impulsa el Gobierno, y que según explicó, ya está en marcha, poniendo a disposición de este importante segmento un total de 70 beneficios, los que se irán incrementando en la medida que se aprueben los proyectos de ley respectivos, en materia de salud, empleo y pensiones, así como también en educación, vivienda y seguridad.
