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El diputado por la Región de Ñuble, Cristóbal Martínez (UDI), valoró la decisión del Gobierno de retirar de la Contraloría General de la República el reglamento de la denominada “Ley Uber”, que estaba generando inquietud en las distintas aplicaciones de transporte de pasajeros que operan en Chile, producto del impacto que las medidas podrían ocasionar en los conductores.
Al respecto, si bien el parlamentario gremialista reiteró su compromiso con regularizar el servicio, de tal manera de brindar una mayor seguridad tanto a los trabajadores como a los usuarios, desde principios de año que venía manifestando su preocupación por todas las restricciones y exigencias que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes, decidió incluir en el reglamento.
Por lo mismo, junto con valorar que se haya retirado el documento en cuestión, el representante del Distrito 19 llamó al Gobierno a aprovechar la oportunidad y recoger las distintas aprensiones que han expuesto las aplicaciones de transporte, asegurando que “en medio de la grave crisis económica y laboral que estamos viviendo en nuestro país, las actuales autoridades no pueden seguir insistiendo con un reglamento que podría terminar con miles de puestos de trabajo en todo Chile”.
“Más allá de cuál haya sido el motivo para tomar esta decisión, el Gobierno tiene que aprovechar esta pausa para recoger todas las inquietudes que no solo han manifestado las aplicaciones de transporte de pasajeros, sino que también los propios expertos. Estamos hablando de que solo un 15% de los conductores que actualmente están registrados podrían seguir trabajando, porque el resto no cumpliría con las exigencias en materia de cilindrada, antigüedad del vehículo o la licencia profesional que se exige. Y esto, de acuerdo con los mismos estudios que se han dado a conocer, provocaría que disminuyera la oferta de viajes en cerca de un 90%”, advirtió el parlamentario UDI.
El diputado Cristóbal Martínez incluso recordó que a fines del año pasado presentó un proyecto para extender los plazos que establece la nueva ley, además de aumentar el período en que debería entrar en vigencia, de manera que los conductores que quieran seguir ofreciendo el servicio de transporte cuenten con un tiempo mayor para adecuarse a las distintas exigencias.
De todas maneras, el parlamentario por Ñuble reiteró la necesidad de “flexibilizar” las exigencias que en un inicio propuso el Ministerio de Transportes, asegurando que el objetivo de la ley “era regularizar un servicio que se estaba masificando en nuestro país, pero no restringirlo al mínimo”.
“Cuando hay distintos estudios y académicos que advierten que cerca de un 90% de los viajes no se podrán seguir realizando, porque apenas un 15% de los conductores cumplen con todas las exigencias que está imponiendo el Gobierno, es evidente que se debe revisar por completo este reglamento y hacer las modificaciones que correspondan. Todos queremos un servicio mucho más seguro y profesional, pero estas medidas están terminando con toda la oferta en el país”, manifestó.
