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Un profundo análisis de las razones que han llevado a la ciudadanía a protestar enérgicamente realizó el Concejo Municipal de Chillán, el que debió cambiar su horario de sesión para la mañana, con el fin de evitar debatir temas de ciudad en momentos en que se producirían manifestaciones en la Plaza de Armas y alrededores.
El que inició el debate fue el concejal Jorge Vaccaro (RN), quien estimó que como órgano político debían entregar un balance de lo ocurrido y además plantear soluciones en la medida de lo posible para las demandas de tipo local.
Incluso expuso que los funcionarios que trabajan en Inspección Municipal deberían haber cooperado para evitar desmanes o alertar sobre hechos que pudieran haber visto en sus recorridos.
El alcalde Sergio Zarzar rápidamente le respondió que “yo decidí no arriesgar a los funcionarios municipales”, los cuales no están capacitados para enfrentar turbas. Algo similar dijeron otros ediles.
El alcalde Sergio Zarzar expuso que entendía perfectamente las razones del descontento ciudadano e incluso lo especificó con su persona. Debe consumir un anticoagulante que en Chile cuesta sobre los $30.000, pero que en Italia y España tiene un costo de unos $2.000 chilenos. Admitió que la gente en Chile gasta en demasía por servicios y productos básicos.
El jefe comunal llamó a quienes protestan a no provocar daños en el entorno y manifestar su descontento de manera pacífica. “Hace falta dialogar, tenemos que entender que el ser humano es la especie que más tenemos que proteger y defender y hoy quedó desamparada, eso es lo que realmente protesta la gente con justa razón. Espero y llamo a la calma, llamo a la gente que han provocado estos actos de que en general Chile está de acuerdo con el objetivo de este movimiento, pero la crítica va en la forma, no destruyamos lo que tanto cuesta conseguir”, dijo.
La concejala Nadia Kaik (RN), sostuvo que “está bien que la gente se manifieste, pero no la manera en que ocurrió en muchos casos, donde derivó en desmanes y saqueos”.
A juicio de la concejala lo observado en los últimos días en el país y en Chillán parece ser parte de una planificación que tiene como finalidad “generar terror”.
Por su parte Joseph Careaga (UDI) puso de relieve que “todos somos responsables. Esto no es un problema de un Gobierno ni de dos, sino que de muchas instituciones, como del Congreso Nacional y ambas cámaras”, que no han sabido responder a las demandas ciudadanas.
“Se veía venir”
Juan López Cruz (PR), en tanto, remarcó que lo que ocurre en el país “es una situación que se veía venir” y que se enlaza con la corrupción en Carabineros, alzas en servicios básicos, remuneraciones bajas, entre otros factores.
Patricio Huepe (DC) sostuvo que “el estallido social”, obedece a la acumulación de hechos negativos que afectan a la comunidad y a la dejación e indiferencia de la clase políticas.
Agregó que los gobiernos anteriores son igual de responsables de lo que sucede en el país en la actualidad y este debe ser capaz de canalizar las inquietudes que están en el debate actual.
La concejala Brígida Hormazábal (PS) subrayó que la situación actual obedece entre otros, al reavalúo fiscal que afectó a la clase media y sectores más deprimidos, a las dietas que asignan los parlamentarios, anuncios no cumplidos, a los problemas en salud, educación y otros. Agregó que cuando la gente se moviliza “mágicamente aparece el agua en algunos sectores afectados por la sequía”.
El concejal PPD Camilo Benavente indicó que las movilizaciones responden a “una frustración profunda por muchas cosas, una constitución heredada y en el ámbito comunal a promesas que no se cumplen, congestión vehicular, poca eficiencia de la gestión municipal”.
Víctor Sepúlveda (PC) cerró el debate, exponiendo que “este estallido social puede llegar a ser mucho más dramático y puede convertirse en desobediencia civil”. Enumeró entre las causas la desconfianza de la gente hacia los políticos, los conflictos de intereses entre la clase política, entre otros factores “que no sabemos adonde nos va a llevar mañana”.
Daños
En su cuenta al concejo, el alcalde Sergio Zarzar dijo que en las protesta del fin de semana fueron destruidas 35 señaléticas, cuatro semáforos, 18 bancas dañadas o sacadas de su base tanto en Plaza de Armas como el Paseo Arauco, además de 100 metros de reja perimetral.
En tanto, las empresas concesionarias de áreas verdes y retiro de la basura, OHL y Dimensión S.A., “extremaron sus recursos para limpiar la ciudad tras los desmanes”, recalcó el alcalde.
