El viernes pasado el Juzgado de Garantía de Chillán declaró admisible una querella por los delitos de apropiación indebida, contrato simulado y estafa, presentada por un grupo de accionistas de la sociedad inmobiliaria Taxibuses Chillan, “Intachi S.A.”, en contra del directorio de la entidad.
En ella, se individualiza a Déctor Vallejos Mardones, su hijo Fernando Vallejos Palacios (actual juez de Policía Local de Pemuco), y además a Ricardo Vallejos Palacios, quien hoy esté como imputado y preso preventivo por el llamado “Caso Led”.
A través de los abogados Dalton Campos (presidente del Colegio de Abogados de Chillán) y Guillermo Véjar, los socios presentaron la querella en la que se explica que presuntamente Déctor y Fernando Vallejos, una vez que pasaron de ser accionistas a directores de Intachi, en 2002, comenzaron eventualmente a vender o ceder patrimonio inmobiliario de la empresa a otras firmas cuyos dueños serían ellos mismos, sin que el destino del dinero de esas ventas llegara a conocimiento del resto de los accionistas.
“No fue sino hasta el año 2008 cuando por rumores de empresarios ligados al transporte, que nuestros representados, conjuntamente con los demás accionistas de la compañía, se enteran primero que los administradores habían efectuado una serie de actos, artilugios y movimientos entre administrativos y jurídicos, algunos, que resultaron a saber recién en el año 2018, que Intachi S.A. había sido literalmente desvalijada por el nuevo directorio”, explicaron los abogados en la querella.
4 mil millones de pesos
Conforme al escrito de la querella, se habrían creado cuatro sociedades por parte de la familia Vallejos en la que dicen detectar movimientos presuntamente fraudulentos y simulaciones de contratos, entre ellas a Santa Teresa Limitada, que incluye a Ricardo Vallejos como socio, y a la que le habrían traspasados inmuebles por un valor superior a los $4 mil millones, aunque con cláusula de novación, que es una manera de sustituir los pagos mediante figuras como trueque por deudas anteriores o declaración de prescripción, por ejemplo.
Luego, esos inmuebles fueron vendidos a terceros, y según se lee en la querella, “los ingresos generados en las actividades propias de la compañía fueron a parar a manos de los querellados” y “nada de lo generado fue a manos de los dueños de la compañía”.
Campos explicó a La Discusión que “se trata de acciones que se vienen generando de manera sistemática hace casi 20 años”, por lo que pidió al tribunal de alzada que se decretara una medida cautelar real en contra de los querellados, sobre todo porque se habría detectado ue Ricardo Vallejos, desde al menos el mes de junio (fecha en la que ya estaba privado de libertad), había comenzado a traspasar bienes y derechos a su hermano, Fernando.
En tanto, Juan Carlos Manríquez, abogado que defiende a Ricardo Vallejos por el caso Led y el caso Aljibe (pronto a ser formalizado) se excusó de dar impresiones al respecto, toda vez que dijo desconocer la presencia de esta querella.
