La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y la empresa Agrícola y Frutícola Veneto Ltda., dueña del plantel porcino Santa Josefina de Coihueco, confrontaron sus argumentos ante el recurso de ilegalidad interpuesto por la firma en el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, para evitar el cierre del plantel que la SMA decretó el año pasado con autorización del tribunal. La Junta de Vecinos Nº 9 del sector Bustamante de Coihueco, participó de los alegatos como tercero coadyuvante, respaldando la posición de la SMA.
Argumentos de la empresa
Agrícola y Frutícola Veneto, representada por el abogado Luis Cantellano, basó el reclamo en que fue mal notificada de la sanción de cierre, en la existencia de recursos judiciales y administrativos pendientes, en que no necesita RCA para funcionar por iniciar su actividad económica antes de que entrara en vigencia la legislación ambiental”.
Cantellano sostuvo que “los estándares utilizados por la SMA en el procedimiento han sido bastantes laxos, me refiero a la notificación que implica el cierre de un proceso productivo, y lo ha desarrollado conforme a las normas, pero sin cerciorarse de que exista un estándar de la legalidad”. El abogado recalcó que la notificación fue recibida por un funcionario de la empresa y no por el representante legal. Además enfatizó que “no hay afectación al medio ambiente, no estamos en presencia de una situación urgente que requiera necesariamente un cierre en virtud de la afectación”.
La respuesta de la SMA
La Superintendencia representada por el abogado Emanuel Ibarra, contrastó los argumentos de la empresa. Ibarra recordó que el plantel contó con RCA, pero que le fue revocada por incumplimientos.
“No es efectivo que no ha habido un efecto en el medio ambiente, si se revisa el procedimiento sancionatorio, cuando se pondera el riesgo de salud de la población se identifica claramente que vemos un plantel que por años ha tenido problemas con sus riles, con sus residuos. Por ejemplo, ellos mismos en el año 2017 en sus tres presentaciones, reconocen que ha habido derrame de riles, de sus instalaciones, y eso puede traer efectos en las napas subterráneas o a los canales que usan los vecinos”.
El abogado enfatizó en que la ley no exige que sea el representante legal quien reciba la sanción, sino que debe ser entregada en el domicilio a un mayor de 18 años. Además planteó que la empresa ha usado dos estrategias contradictorias. “Primero reconoce la elusión, se intenta regularizar, y en el recurso de protección dice que no puede cerrar, pero por un tema económico, no ambiental ni regulatorio. Estamos ante una empresa que en un momento dice estoy eludiendo, pero tengo que regularizarme, y otra que dice que no le aplican las normas ambientales”.
Ricardo Frez, abogado de los vecinos, recalcó que la empresa busca dilatar el proceso a través de recursos judiciales. “Ellos ya han agotado todas las instancias que por ley están disponibles para recurrir”, expuso.
