La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició el 28 de diciembre pasado los primeros procedimientos sancionatorios relacionados a incumplimientos a la normativa ambiental que define impuestos verdes, a dos empresas: Tulsa S.A., ubicada en Lota, región del Biobío; y Energía León, de la comuna de Coelemu, región de Ñuble.
Ambos procedimientos sancionatorios se sustentan luego que los titulares no registraran ni presentaran sus reportes trimestrales de monitoreo de sus emisiones, según lo dispuesto en el D.S. N° 18/2016 del MMA y la Resolución Exenta SMA N° 55/2018, que aprueba Instructivo para el monitoreo, reporte y verificación de las emisiones de fuentes fijas afectas al impuesto del artículo 8° de la Ley N° 20.780, evitando el ejercicio de las atribuciones de la SMA. En efecto, con base en dichos reportes, la SMA informa el consolidado de emisiones al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que este Servicio, realice el cálculo del gravamen del impuesto verde.
En el caso de Energía León, la Superintendencia formuló un cargo de carácter gravísimo tras constatar que la empresa no presentó los reportes trimestrales correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, evitando el ejercicio de las atribuciones de la SMA.
Al ser considerada una infracción gravísima, Energía León arriesga clausura o multa de hasta 10.000 UTA, equivalentes a más de $7.759.920.000 a valor actual.
La superintendente del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer Bodin, explicó que “los impuestos verdes son un instrumento económico que grava las externalidades producidas por una fuente afecta. Su aplicación efectiva permite que quien contamine deba internalizar el costo y retribuir a través de un pago, generando el incentivo para que la fuente contaminante intente reducir su carga tributaria a través del mejoramiento de procesos, cambio de combustibles o innovación tecnológica, incidiendo en la reducción de contaminantes atmosféricos, contribuyendo a una mejor calidad ambiental. Es imperativo que los establecimientos afectos al impuesto verde hagan entrega de la información de sus emisiones y actúen acorde a lo que indica la normativa ambiental”.
En esa línea, la empresa tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento (PdC) y de 15 días hábiles para formular sus descargos tras la notificación del presente sancionatorio.
La empresa
Energía León S.A., vinculada a Forestal León -empresa local que da empleo a más de 350 personas-, genera energía eléctrica a partir de una central de cogeneración de biomasa forestal, que comenzó a operar en 2013, con una potencia nominal de 7,1 MW, que en su mayoría inyecta al Sistema Eléctrico Nacional. La caldera, además, produce vapor industrial para procesos de secado de madera y chapas en el aserradero.
