El 4 de septiembre se publicó en el Diario Oficial el listado preliminar de los “sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad” de la macrozona centro, en virud de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas -Ley SBAP-, publicada en 2023.
Los “sitios prioritarios” son áreas que albergan ecosistemas de alto valor ambiental, hábitats de especies amenazadas o que desempeñan funciones clave para el equilibrio ecológico. Han sido identificados por el Estado como espacios donde se requiere avanzar en medidas de conservación.
El listado preliminar del Ministerio de Medio Ambiente, a nivel país, considera 99 sitios prioritarios, que suman cerca de 4 millones de hectáreas o un 5% del territorio nacional.
Esta cifra contrasta con los cerca de 330 sitios reconocidos previamente en la Estrategia Nacional de Biodiversidad y en las estrategias regionales, lo que generó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas. Según afirman, el proceso ha carecido de transparencia, participación efectiva y consideración de las realidades locales.
En Ñuble se propuso inicialmente el cerro Cayumanque, la laguna Santa Elena, Nevados de Chillán, Vegas del Itata y el cordón de cerros Altos de Ninhue.
La Ley SBAP contempla un conjunto de disposiciones y restricciones aplicables a estos sitios, sin embargo, muchas no están vigentes, por cuanto requieren de un reglamento. Entre estas medidas, destacan la obligación del Servicio de Biodiversidad de elaborar planes de manejo para cada sitio, así como la exigencia de contar con la autorización del propio Servicio para la ejecución de actividades en dichas áreas.
Se trata de un listado preliminar de sitios, que actualmente se encuentra sometido a consulta pública -hasta el 30 de noviembre-, en virtud de una extensión del plazo, que inicialmente era hasta el 30 de octubre. La preocupación expresada por gremios empresariales por el tiempo para presentar observaciones llevó a la autoridad a extenderlo.
Pero además del plazo, a nivel empresarial existe la aprensión de que la implementación de esta nueva figura de protección ambiental se convierta en un freno para las inversiones que lleve a un “congelamiento productivo”. Si bien fue el gremio minero (Sonami) el que alertó de sus implicancias, rápidamente se sumaron el agro (SNA), la industria (Sofofa), los forestales y el turismo, entre otros.
Desde los gremios advierten que, si la implementación “no se ejecuta de manera responsable, equilibrada y promoviendo la compatibilidad entre la protección del medio ambiente y el fomento productivo, esta podría afectar la inversión, el empleo y la actividad productiva en regiones”.
Y si bien los gremios han presentado observaciones en el proceso de consulta, critican “la falta de participación efectiva de los distintos actores”, apuntando que el listado fue elaborado “sin que se conozcan los criterios técnicos, validaciones científicas ni el reglamento del proceso”.
Desde el gobierno han intentado poner “paños fríos” a esta controversia, aclarando que esta figura no impedirá el desarrollo de actividades económicas ni provocará un congelamiento productivo, poniendo énfasis en el diálogo y la participación, dos aspectos que asoman como debilidades de este proceso desde la mirada de ambientalistas y empresarios, una inusual coincidencia que merece la atención de la autoridad.
