¿Presenta cambios el borrador constitucional en torno a educación respecto de la actual carta magna?
Definitivamente sí, pues se consagra este derecho en el artículo 16: “Todas las personas tienen derecho a la educación”.
Se proponen, además, un nuevo Sistema Nacional de Educación, el establecimiento de principios como la conciencia ecológica o el enfoque de género; el financiamiento basal de la educación pública y la inédita inclusión de la educación superior gratuita.
La decana de la Facultad de Educación y Humanidades de la U. del Bío-Bío, Dra. Fancy Castro Rubilar, sostuvo que en el marco de la propuesta de nueva Constitución, en su apartado derechos fundamentales, consigna sobre educación los artículos que van del 15 al 19.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]“Entre los que expresan cambios más sustantivos, a nuestro juicio, están el artículo 17, el cual propone la creación de un Sistema Nacional de Educación, que estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Agrega, “se articulará bajo el principio de colaboración y tendrá como centro la experiencia de aprendizaje de los estudiantes”. De este modo, se aborda certeramente la necesidad de contar con un Sistema Nacional de Educación, pues ello les da sentido y coherencia a todas las instituciones educativas, poner este ‘paraguas general’ hace posible que tengamos claro el proyecto educacional de Chile, y es a partir de allí donde se sentarán las bases para construir y fortalecer el sistema”, sostuvo la académica.
Asimismo, dijo, se releva el aprendizaje como un eje central de este sistema.
“Ello nos compromete como sociedad a fortalecer y robustecer, por medio de políticas efectivas, el itinerario educacional del país”, advirtió.
“En esta propuesta se declara, también, explícitamente que el Estado ‘se hace cargo de articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas’. Refuerza esta intención, cuando establece que ‘la educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación; su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado’. En el devenir histórico de las últimas cuatro décadas, la educación pública se ha desarrollado escasamente debido a la marginación, segregación y postergación, incrementado por políticas confusas y de corto alcance, que no establecieron un decidido esfuerzo por recuperar el estatus que esta tuvo, y que nos hizo ser un referente en América Latina a mediados del siglo pasado. Hoy se abre la esperanza que demos un paso decidido en favor de la educación pública, y ahora, con respaldo constitucional”, destacó Fancy Castro.
Otro hito importante, afirmó, “es que la propuesta Constitucional ‘reconoce el rol fundamental de las profesoras y profesores, como profesionales en el Sistema Nacional de Educación’, asimismo agrega que, ‘el Estado garantiza el desarrollo del quehacer pedagógico y educativo de quienes trabajen en establecimientos que reciban fondos públicos, incluyendo su formación inicial y continua, su ejercicio reflexivo y colaborativo y la investigación pedagógica, en coherencia con los principios y fines de la educación’. Es de toda sabiduría que se entienda y respalde el importante rol del profesorado en el sistema, los mejores ejemplos de calidad de la educación en el mundo, el primer paso que dan es reconocer y respetar el rol docente, como un rol fundamental, ello lo han hecho con convicción y con políticas públicas positivas”, sostuvo la decana de la Facultad de Educación y Humanidades de la UBB.
¿Fin de los colegios subvencionados?
Distinto piensa la coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, María Paz Arzola sobre el borrador de la Nueva Constitución en materia de educación.
“Hay al menos dos materias que generan preocupación. Primero, la amenaza que se impone a la continuidad y desarrollo de proyectos educativos distintos al modelo único que se describe en el texto aprobado. Por un lado, debido al rechazo explícito a la libertad para crear y gestionar establecimientos, pero en especial, porque se introduce el deber de que la educación se oriente por una serie de principios y fines que, dada su extensión y detalle, podrían ser incompatibles o limitar las visiones alternativas. Si a ello sumamos que se constitucionaliza la inamovilidad para todos los docentes y la libertad de cátedra sin circunscribirla al proyecto educativo, es posible anticipar que los espacios de gestión autónoma se reducirán al mínimo”, aseveró.
Segundo, planteó, “preocupa la gran incertidumbre en la que se deja a la mayoría de las familias chilenas que hoy ejercen su derecho a la educación en un colegio o institución de educación superior no estatal, debido a que no se les asegura la continuidad del financiamiento público que hoy reciben. Ello ocurre, pues a diferencia de la Constitución vigente, que obliga al Estado a financiar un sistema educativo en sus diferentes niveles sin explicitar quién debe proveerlo, el texto propuesto por la Convención reduce el ámbito de dicho deber solamente a la educación estatal. Así, crea una vía a través de la cual se deberá -dado que los recursos públicos son limitados- otorgar un trato inequitativo a estudiantes con iguales necesidades, favoreciendo a quienes asisten a un establecimiento estatal, por sobre quienes prefieren legítimamente uno administrado por un particular”.
Sobre este punto, Miguel Zárate, Doctor en Derecho y miembro del Instituto Chileno de Derecho Educacional, sostuvo en una columna difundida en marzo pasado que la propuesta que se planteaba para el borrador constitucional en ese entonces “no implica la derogación del actual sistema particular subvencionado. Afirmar aquello sería derechamente una mentira. Con posterioridad, el Estado siempre podrá discutir una nueva ley que regule el financiamiento al sector privado si en función de la política pública educativa se requiere. O, si se quiere, que ajuste a los propósitos educativos de la nueva Constitución la actual normativa de los establecimientos privados subvencionados que representan una parte importante de la matrícula escolar. Sin embargo, si así se decide, este financiamiento deberá tener, por un lado, un sentido de política diverso a aquel que se le otorga a la educación pública de suyo preeminente y, por otro, una regulación más estricta que lo aleje decididamente del negocio (lucro y competencia), de la discriminación (bajo ningún pretexto o condición), del irrespeto a los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras (individuales y colectivos), y con mayor énfasis, que dé garantías de buena enseñanza a las y los estudiantes que asisten a ellos”, manifestó.
María Paz Arzola agrega que frente a la obligación constitucional de priorizar a las instituciones del Estado en materia de educación superior, “será el gobierno de turno el que deba evaluar si seguir o no destinando recursos fiscales para costear las ayudas estudiantiles que hoy permiten que más de 700 mil estudiantes puedan financiar su educación superior en una universidad, centro de formación técnica o instituto profesional privado. En suma, aun cuando en paralelo se enuncie la libertad de enseñanza, lo cierto es que, sin autonomía educativa ni financiamiento suficiente, en la práctica esta podría quedar como letra muerta, eliminándose la posibilidad real de que se desarrollen y prosperen alternativas educativas diferentes al modelo estatal, y que estas estén disponibles para familias de diversa condición socioeconómica”, advirtió.
La preocupación del G9
En tanto, diversas inquietudes y puntos de vista referidas al rol y consideración de las universidades públicas no estatales, contenidas en el borrador de la propuesta de nueva Constitución, plantearon mediante una carta las casas de estudios pertenecientes a la Red G9.
La misiva fue entregada recientemente en Antofagasta por el rector de la Universidad Católica del Norte (UCN), Rodrigo Alda, a la presidenta y vicepresidente de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, respectivamente, en el marco de la gira que realizaron los integrantes de la instancia al norte de Chile.
En la carta, las instituciones del G9 expresan que la redacción de una nueva Constitución representa una oportunidad para “dialogar y reflexionar sobre educación pública superior inclusiva, diversa, con compromiso público regional y con producción de conocimiento de excelencia”.
También resalta la colaboración de la red con la instancia política en diferentes áreas, destacando la entrega del documento “Educación Superior y Constitución: Aportes para la Convención Constitucional”.
Se menciona que la Red propuso una iniciativa popular de norma con el objetivo de manifestar la urgencia que en la nueva Constitución quede definida y sea reconocida la autonomía de las universidades en todas sus dimensiones, académica, administrativa y económica, para la realización en libertad de sus proyectos educativos. Asimismo, considera que la nueva carta magna debía garantizar la libertad de enseñanza como ha sido históricamente reconocida desde hace más de un siglo.
El presidente de la Red G9 y rector de la Universidad de Concepción, Dr. Carlos Saavedra, sostuvo que esta carta “viene a reforzar lo que se ha planteado a la Convención desde su conformación el año 2021 en diversas instancias: el reconocimiento en la nueva Constitución a las universidades G9, desde el rol histórico que han tenido en la construcción del sistema de educación superior. Agregó que aún existen espacios en la redacción actual del borrador, específicamente en la de armonización, donde se podrían integrar universidades como las de la red.
En la carta, el G9 expresó su preocupación por el articulado aprobado en el pleno de la convención sobre educación superior. “Es de importancia para la red manifestarles que la mirada binaria que se ha plasmado, donde la educación pública es monopolio estatal y por contraposición los demás son privados, puede ser muy dañina para el largo plazo del sistema educativo y de generación de conocimiento en el país”, precisa el escrito.
En este sentido, las universidades del G9 dijeron que ojalá se pueda revisar la redacción actual de las normas para “proteger el futuro del sistema universitario, y evitar un error histórico”.
