La confianza pública se construye, ante todo, en la coherencia entre lo que se exige a la ciudadanía y lo que efectivamente hacen las instituciones. Por eso, la situación conocida en el concejo municipal de Chillán, relativa al presunto uso de vehículos de seguridad pública sin permiso de circulación vigente, no solo reviste gravedad administrativa, sino que instala una incómoda paradoja que erosiona la credibilidad.
Según los antecedentes expuestos, de un total de 15 vehículos arrendados para labores de patrullaje, apenas uno contaría con su documentación al día. Se trata de móviles destinados precisamente a reforzar la seguridad y el cumplimiento de la normativa, lo que vuelve aún más delicado el eventual incumplimiento. No es un detalle menor ni una omisión burocrática: es, en los hechos, una posible infracción a la Ley de Tránsito por parte de quienes están llamados a resguardar su cumplimiento.
La preocupación manifestada en el concejo municipal apunta en la dirección correcta. No solo por la magnitud del contrato de arriendo involucrado, sino también por el estándar que se espera de la administración pública. La existencia de una licitación, de carácter millonario, obliga a extremar los controles y asegurar que cada aspecto del servicio se ejecute conforme a la normativa vigente. Aquí no hay espacio para zonas grises.
El problema adquiere una dimensión aún más compleja cuando se contrasta con la campaña impulsada por el propio municipio para incentivar el pago del permiso de circulación. Mientras se recuerda a los contribuyentes que el no pago expone a multas, intereses e incluso al retiro del vehículo, la institucionalidad aparece, al menos preliminarmente, operando fuera de ese mismo marco legal. Esa contradicción resulta profundamente dañina.
La autoridad anunció la apertura de un acto administrativo para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, además de eventuales sanciones a la empresa proveedora. Son pasos necesarios, pero insuficientes si no van acompañados de una revisión más profunda de los mecanismos de control interno. La explicación de que la responsabilidad recae en los conductores, si bien puede tener sustento normativo, no exime a la estructura directiva de su deber de supervisión.
En paralelo, los números asociados al pago de permisos de circulación evidencian la relevancia de este proceso para las finanzas municipales y el desarrollo local. Con miles de documentos emitidos y una recaudación significativa, se trata de un esfuerzo colectivo que descansa, en gran medida, en la confianza de los contribuyentes. Esa confianza se debilita cuando quienes administran esos recursos no cumplen con las mismas reglas.
Más allá de las responsabilidades individuales que determine la investigación, lo ocurrido deja una lección: la autoridad no puede permitirse incoherencias. En tiempos donde la ciudadanía exige mayor transparencia y probidad, el estándar no puede ser otro que el cumplimiento irrestricto de la ley. No basta con fiscalizar; es indispensable predicar con el ejemplo.
