Con un llamado transversal a reforzar la transparencia en la gestión pública, se desarrolló este viernes en el Salón Claudio Arrau del Teatro Municipal de Chillán el tercer Simposio Regional de Integridad y Plantas Municipales. La actividad tuvo como eje los efectos e implicancias de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales, normativa que pone el foco en la responsabilidad penal de autoridades y funcionarios en casos de corrupción, cohecho o daño ambiental.
El evento fue organizado por la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Compliance Penal Ambiental, CPA Legal y Admiral Compliance, contando con el respaldo del Gobierno Regional de Ñuble.
Participaron alcaldes, representantes de la Contraloría, funcionarios municipales y académicos.
“Estamos muy contentos de apoyar como Gobierno Regional esta instancia que busca entregar herramientas a los municipios, especialmente en temas que nos preocupan como la transparencia y la probidad”, afirmó la gobernadora subrogante de Ñuble, Claudia Cabrera, quien dio la bienvenida al simposio. Subrayó que el fortalecimiento institucional en estas materias es clave para mantener la confianza ciudadana y avanzar en una gestión pública moderna.
El programa contempló tres módulos. El primero abordó la crisis de confianza y la necesidad de implementar modelos de prevención de delitos en municipios y gobiernos regionales. El segundo se centró en los desafíos que presenta la implementación de la Ley N° 20.922 sobre plantas municipales dentro del marco del compliance. Finalmente, el tercer bloque analizó el rol de las auditorías externas como herramientas esenciales para el control y la supervisión de la gestión municipal.
Descentralizar y democratizar los procesos
Para el alcalde de Ránquil, Nicolás Torres, la descentralización de este tipo de seminarios resulta fundamental para democratizar el acceso a conocimientos clave.
“Este simposio es muy relevante porque trata sobre una ley que está marcando pauta y que tiene efectos directos sobre quienes ejercemos cargos públicos. Hay que enfrentar con seriedad el daño que la corrupción le hace al servicio público, que muchos ejercemos con orgullo y compromiso”, sostuvo.
Añadió que la protección del medio ambiente y la ética en la función pública deben ir de la mano, ya que ambas dimensiones son parte del mismo desafío de integridad.
Uno de los aportes destacados en la jornada provino del mundo académico. La prorrectora de la Universidad del Bío-Bío, María Angélica Caro, resaltó la oportunidad de participar en el simposio desde el rol que le compete a una institución pública estatal.
“Estamos también sujetos a las exigencias de probidad, por lo tanto, involucrarnos en esta conversación es esencial. Debemos formar profesionales con valores claros y comprometidos con la ética, porque serán ellos quienes en el futuro estarán a cargo de nuestras instituciones”, señaló. Agregó que la Universidad está disponible para colaborar con los municipios en iniciativas de fortalecimiento institucional, capacitación y formación continua.
El simposio reflejó la preocupación creciente que existe en el nivel local por dotar a las instituciones de mejores mecanismos de control y prevención de delitos. La reciente legislación, que endurece las sanciones a funcionarios y amplía el catálogo de delitos económicos y medioambientales, ha generado un nuevo marco de exigencias que obliga a actualizar procedimientos y, sobre todo, a promover una cultura de integridad en todos los niveles del Estado.
