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El pasado 24 de septiembre, se realizó en la Corte de Apelaciones de Chillán una audiencia en la que la Fiscalía Local de Chillán solicitó el desafuero del gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, a quien investiga por lo que consideran delitos de corrupción, en referencia a la contratación de una empresa y asignación de subsidios a familiares, cuando la autoridad era director regional del Serviu, en 2019.
Entre las variadas reacciones generadas por esta audiencia, se cuenta un comunicado emanado por la oficina de prensa de Crisóstomo, en la que se alude a la “extrañeza” que les parece que en la investigación se busque formalizar tras cuatro años de indagatorias y, además, en pleno periodo electoral, considerando que el gobernador busca la reelección a fines de octubre.
En medio de un contexto enrarecido por los golpes a la credibilidad en las instituciones públicas que en el país ha dejado el “Caso Audios” y que ha dejado en entredicho la probidad del Poder Judicial y de la Fiscalía, con integrantes comenzados a investigar por sus relaciones con el abogado Luis Hermosilla, el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez, sabe que es complejo intentar explicar que la coincidencia de fechas es solo una casualidad. “Pero en efecto, es así”, dice.
Consultado por La Discusión, explica que “el gobernador pudo haber sido llevado a audiencia y ser formalizado por todos los cargos que le imputamos, sin necesidad de haber pedido su desafuero y eso hubiese sido aún más mediático. Pero no lo hicimos”.
El persecutor aclara, entonces, que “el desafuero lo pedimos porque de lo contrario lo que no podemos hacer es solicitar medidas cautelares en su contra. Entonces, hubiésemos tenido que hacer dos audiencias”.
Sin embargo, admite que se trata de una decisión temeraria, puesto que conforme a la Ley, en caso que la Corte de Apelaciones acoja los planteamientos de la defensa del gobernador (representada por los abogados Enrique Aldunate y Gumercindo Quezada), Óscar Crisóstomo ya no podría ser formalizado.
La Fiscalía mantiene una investigación en su contra por presuntos delitos de cohecho (como director del Serviu), por corrupción entre particulares (ejerciendo la libre profesión) por delitos electorales ya notificados al Servel por el fiscal Pérez.
Cuatro años de investigación
Respecto al tiempo transcurrido entre el inicio de la investigación y estas audiencias, el persecutor advierte que “estas tres investigaciones llevan declaraciones de múltiples personas, análisis patrimoniales, oficios a distintas instituciones, conseguir permisos judiciales para incautar fichas de protección, ir a buscarlas a Santiago y otras ciudades, solicitar alzamientos de secreto bancario, analizar las cuentas, y todo eso es de lato trabajo”.
De todas formas, el desafuero se solicitó por solo una de las tres aristas indagadas.
“Por el delito de corrupción entre particulares tenemos antecedentes suficientes y pedimos el desafuero por ese hecho. . Respecto a los subsidios a familiares, por ahora no tenemos los suficientes fundamentos; además, en los delitos electorales, para actuar se requiere de una denuncia del Servel, que todavía no se ha hecho”, concluyó.
