A mediados de esta semana, la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, recibió a La Discusión para hablar sobre un tema, que según comenta, le preocupa al Ministerio Público, como la corrupción y el trabajo que bajo su dirección hasignificado, por primera vez en nuestra región, que funcionarios municipales paguen con cárcel por estos hechos.
Y una de las primera reflexiones que comparte, tras la revelación de diversas irregularidades que la de Ñuble y otras fiscalías del país han investigado en las respectivas municipales, es que “si el legislador, a fines del 2018, le asigna pena de crimen a estos hechos, es porque la gravedad del daño que la corrupción le hace a la sociedad se le está equiparando a la de un robo violento o incluso a la de un homicidio”.
Las condenas obtenidas en contra de tres funcionarios municipales de Ránquil, (10 de diciembre) y la formalización con prisión preventiva de otros dos funcionarios del municipio de Chillán, en el marco del Caso Led (9 de mayo), sumado a la investigación penal que se sigue en contra del exalcalde de San Carlos, no hacen sino respaldar a quienes postulan que las autoridades políticas están en crisis.
Y como si se tratara de un vaticinio, la fiscal Mansilla añade que “si nos ponemos a escudriñar un poco más, podemos encontrar ilícitos que normalmente no pueden ser investigados por la Contraloría”.
Luego agrega que “en nuestra región, quizás este fenómeno de la corrupción existía o existe hace mucho tiempo, pero creemos que hoy se ha hecho más visible, y eso tiene que ver cómo hemos perfeccionado las investigaciones en la Fiscalía y en la Policía de Investigaciones”.
Para la persecutora, la importancia de haber conseguido estas penas privativas de libertad (de 5 años) en contra de los funcionarios de Ránquil, radica en la posibilidad de generar las confianzas necesarias para que comiencen a llegar más denuncias.
“Mi impresión es que cuando las personas empiezan a ver que tras una denuncia, se viene una persecución penal diligente y objetiva, es mucho más difícil que se intente cometer ilícitos al interior de los municipios. Nuestra experiencia nos muestra que cuando los mismos funcionarios saben que cuando de denuncia, habrá investigaciones serias, entonces el número de irregularidades, baja”, explica.
Mejoras y necesidades
Los resultados de las investigaciones penales hechas en estos últimos años, son diametralmente opuestos a los que obtuvo la Fiscalía del Biobío en Ñuble, cuando aún no se era región.
Los casos de acarreo de votos, falsificación de instrumento público, fraude al fisco y nombramiento ilegal de funcionarios, en las casas consistoriales de Bulnes, San Fabián y Chillán Viejo, terminaron con imputados sobreseídos, absueltos u órdenes de no perseverar.
La pregunta era obvia: ¿Por qué hoy sí y antes no?
La fiscal de Ñuble responde que “al haber asociadas penas de crimen, hoy se nos permite realizar, por ejemplo, escuchas telefónicas, como ya ha pasado en algunas investigaciones; nos permite también realizar diligencias más profundas como levantamientos patrimoniales y otro tipo de diligencias que nos permiten hacer un trabajo más profesional, porque -por citar el dicho- hecha la ley, hecha la trampa”.
Sin embargo, aún existe -sobre todo en regiones pequeñas como la XVI- ciertos obstáculos para conseguir mejores y más oportunos resultados investigativos, y uno fundamental, es la tecnología.
“En la causa led se hizo mucho levantamiento de evidencias, y esas evidencias deben ser revisadas, analizadas y, claro, todavía nos encontramos con algunas dificultades en cuanto a los tiempos de respuesta, pero no es porque las policías no lo quieran hacer, a veces nos encontramos con la muralla de que no contamos con recursos, por ejemplo, tecnológicos, informáticos para poder acelerar ciertas diligencias, que hoy deben ser realizadas en otras ciudades”, sostuvo.
Otro punto analizado fue la efectividad y capacidad de quienes deben ejercer control y fiscalización tanto dentro como el control externo que realiza la Contraloría.
En relación a la Contraloría, que haya habido demoras en el tiempo en que se lograron detectar los delitos (a veces años después), no pasa por negligencia ni falta de trabajo fiscalizador.
“Hemos visto que ellos son muy diligentes, pero muchas veces se encuentran con situaciones en las que el procedimiento administrativo es perfectamente legal, con procesos que siguen todos los pasos ajustándose a derecho desde lo administrativo, pero que sin embargo, había detrás de todos esos procedimientos, algunas señales de delitos”.
Dicho esto, Mansilla plantea que “lo que está faltando es un poco más de fiscalización por parte del resto de las autoridades comunales, y que eso se haga ya es tarea de cada municipalidad, ellos son los primeros que deben vigilar que esto no suceda, porque han llegado a la Fiscalía casos en lo que se evidencia que hubo falta de control”.
Hacerlas a tiempo
El desfase de las denuncias respecto al momento en que estas se cometieron también han significado un obstáculo para las investigaciones.
Ya sea porque los fiscalizadores no tengan la expertiz para advertir un ilícito en los procesos, por la ya mencionada falta de control, o sencillamente, porque se hace vista gorda.
“Hay ocasiones en que se descubren ilícitos que se cometieron ya hace un par de años y recién ahí se hace la denuncia. Por ejemplo, tenemos el caso de los camiones aljibe, del que se da cuenta a raíz de que se había abierto otra investigación, entonces eso nos suponen situaciones complejas y que nos exige la realización de muchas más investigaciones y peritajes, ya no basta solo la declaración de un testigo, hay que revisar su declaración de patrimonio, movimientos bancarios y otra serie de cosas, por lo que nuestro trabajo se hace, evidentemente, más largo”, plantea la persecutora.
Y aunque admite que uno de los elementos con que han dado, es con que si bien la mayoría de los fraudes se hacen de manera muy escondida, “hay otros casos, y no hablo solo de Ñuble, en los que hemos descubierto que, efectivamente, las autoridades lo sabían y son parte de este mismo entramado”.
Nayalet Mansilla dice que investigar la corrupción es hacer justicia. Asegura, además que siempre hay señales a las que se debe atender. “No es posible que una persona que entre al Servicio Público, cuando la abandone, salga rico”.
Por eso, afirma que “en la medida en que se hagan las investigaciones, y se consigan las penas adecuadas vamos incluso a conseguir que esas personas no vuelvan a ser reelegidas”.
