Cerca de $1.348 millones es lo que el Serviu Ñuble le adeuda al empresario de la construcción, Enrique Robles, quien por este incumplimiento por parte del Estado se encuentra al borde de la quiebra, transformándose en uno más de las decenas de casos similares que se repiten en el país por el recorte presupuestario por parte del Gobierno.
“Llevo trabajando con el Serviu desde fines de 2012 y nunca había visto esto. Por el contrario, siempre habían respondido con los pagos y transferencia de recursos a tiempo”, explica el empresario, quien realizó trabajos de pavimentación utilizando un equipo humano de cerca de 130 personas, quienes ha sido afectadas por esta situación.
El empresario ya presentó una denuncia formal contra el Serviu Ñuble, para conseguir el pago inmediato de todas las facturas pendientes, incluidas aquellas en manos de empresas de factoring, además de los intereses y comisiones derivadas del atraso.
Indagatorias que realizó La Discusión dan cuenta que hay otras empresas contratistas de la región que se encuentran en similares circunstancias, y así lo reconocen en el Serviu, amplificando los rumores de insolvencia de la cartera de Vivienda, luego que dentro del contexto nacional se revelara que muchas empresas que trabajaron en la construcción de viviendas sociales y pavimentación se encontraron con que el ministerio no está en condiciones de cancelarles sus trabajos.
En Ñuble, el director del Serviu, Roberto Grandón, explicó que “la situación de esta empresa, así como de otros proveedores y empresas contratistas, es un tema sobre los cuales hemos hecho gestiones desde abril de este año con la Dirección de Presupuestos sin obtener respuesta a la fecha.
Actualmente nos encontramos realizando las últimas gestiones con nivel central para que en el decreto de cierre de fin de año se puedan inyectar los recursos para pagar todas las deudas habidas”.
Añadió que ante la estrechez presupuestaria que tiene el Estado, “como Serviu hemos debido ir ajustando las programaciones de pagos de los proyectos correspondientes a las líneas de Pavimentación Participativa y Vialidades Urbanas, a fin de poder hacer frente a todos los compromisos financieros”.
Preocupación en la Cámara
Ante esta situación, la Cámara Chilena de la Construcción en Ñuble manifestó su preocupación por la incertidumbre que se genera en la posibilidad de seguir mejorando la infraestructura pública local y porque “este problema afecta a toda una cadena de contratistas, proveedores y trabajadores”.
Sebastián Godoy, presidente del gremio, apuntó a que “se pueda instruir al Ministerio de Hacienda la liberación de los recursos que el Serviu requiere para el pronto pago de las facturas pendientes”, añadiendo que el presupuesto 2026 “deberá destinarse solo a pagar deudas de arrastre y proyectos ya en ejecución, lo que reduce significativamente la posibilidad de financiar nuevas iniciativas.
Para Godoy, el problema también alcanzaría a “miles de subsidios habitacionales entregados a familias que aún no cuentan con un proyecto asignado, generando un pasivo creciente y una presión social que será difícil de sostener en los próximos años”.
