Basta caminar por la ciudad para darse cuenta que amplios espacios que solían estar llenos de verdes jardines, hoy lucen grises y abandonados. Los persistentes problemas derivados de los errores municipales en la gestión de las áreas verdes, hoy han hecho crisis en torno a este importante servicio, con consecuencias que trascienden lo meramente estético o urbano, pues al observar la forma en que discurre la vida urbana en la capital de Ñuble se constata que la desigualdad de los entornos y barrios también producen un daño psicosocial, que se ha acentuado con la pandemia.
Este hecho que se repite en otros ámbitos como la iluminación de la ciudad, la gestión ambiental o la deficiente vialidad urbana, esconde tras de sí un problema de fondo y que se refiere a la poca correspondencia que existe entre lo que se le paga a un gobierno local y los servicios que éste presta a la comunidad como contrapartida de ese pago.
Esta ausencia de relación entre la calidad de un servicio y lo que se le puede exigir a la municipalidad dificulta enormemente tanto el control ciudadano como la eficiencia de la gestión de las autoridades locales. Si se quisiera realizar una comparación con el cliente y una compañía de telefonía, por ejemplo, donde el cliente es el vecino y la empresa la municipalidad, en este último caso no existe posibilidad de reclamar por el corte del servicio, aunque el usuario final (vecino) viva en dicha comuna, pague su permiso de circulación ahí e incluso cancele el impuesto de Contribuciones de Bienes Raíces por la propiedad que se ubica en la comuna. Esto resulta impensable en el primer caso, ya que un cliente de un servicio básico puede reclamar si éste es malo e incluso puede cambiarse de compañía si no está conforme.
El sistema tributario y de captación de recursos que rige a los gobiernos locales no está pensado como un prestador de servicios que pueda ser evaluado permanentemente por sus vecinos, ya que son escasos aquellos tributos que quedan efectivamente en la comuna, pues los permisos de circulación como las patentes comerciales forman parte del Fondo Común Municipal, que se redistribuye. El resto de los impuestos van a rentas generales de la nación y son distribuidos a los gobiernos locales como Fondo Nacional de Desarrollo Regional o como inversión sectorial de los ministerios.
Sin embargo, en el caso de nuestro país solo se evalúa cada 4 años a través de una elección que tiene un componente mucho más político y no de gestión y eficiencia frente a un mal servicio, o problemas con la mantención de veredas, falta de espacios públicos, control del comercio ambulante y otros temas de interés de la comunidad.
Las distorsiones que genera este sistema ha llevado a que la comunidad no ejerza sus derechos de manera adecuada, ya que no tiene instancias ni mecanismos de presión para generar cambios, salvo reclamar y eventualmente hacer denuncias por los medios de comunicación y las redes sociales, reduciendo el ya débil control social que requiere el desempeño de los municipios.
