En condiciones de ser remitido para el pronunciamiento de las respectivas salas del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados, quedó el informe de la Comisión Mixta que abordó las discrepancias en torno al proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAP).
Ello, luego que la instancia integrada por diputados y senadores y que presidió el senador Juan Ignacio Latorre, despachara el informe respectivo logrando acuerdo en gran parte de las normas que dicen relación con los sitios prioritarios, el rol del Estado en la fiscalización y la unificación de organismos que hoy están dispersos en cinco ministerios.
No obstante, tras un largo debate, la única materia en la que la Mixta no logró consenso fue en lo “que tiene que ver con las concesiones económicas para proyectos como, por ejemplo, la salmonicultura, las salmoneras o proyectos mineros y energéticos, en las áreas protegidas”, dijo el senador Latorre.
Precisó que “frente a este tema que fue muy controvertido, especialmente con las protestas de los trabajadores y de las mismas empresas salmoneras, el Ejecutivo había presentado una indicación complementaria a la propuesta de modificación del artículo 158, que indicaba que aquello no afectaría las concesiones de acuicultura otorgadas con anterioridad a la publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, tras un doble empate en la votación, el artículo junto con la indicación respectiva quedó rechazado”.
Cumplir con los estándares
Entre los integrantes de la Comisión Mixta que votó en contra dicha indicación, estuvo el senador de la UDI por Ñuble, Gustavo Sanhueza, quien manifestó que “es importante poder dar certezas a trabajadores y familias, que ven cómo sus sustentos y proyectos de vida se ven expuestos, ante la propuesta de un gobierno que busca impedir el desarrollo de las regiones donde la acuicultura pasa a ser uno de los principales motores de su progreso”.
El parlamentario planteó que “la propuesta por la cual voté, respetaba la certeza necesaria para que la protección de las áreas protegidas pueda hacerse en conjunto con la promoción del desarrollo económico de nuestro país. La idea del gobierno, por el contrario, buscaba consagrar una prohibición absoluta del desarrollo de la actividad acuícola en todas las áreas protegidas, sin detenerse a considerar las realidades y situación de cada una de éstas, así como tampoco el impacto que ello genera en miles de empleos”, sostuvo.
En tanto, la senadora del PPD por Ñuble, Loreto Carvajal, afirmó que “el desafío de mediano plazo es tener actividades productivas que cumplan estrictamente los estándares medioambientales”.
Según la legisladora, “no existe ninguna actividad productiva que pueda sentirse liberada de cumplir estas exigentes normas, independiente de su aporte al PIB. Existe una mayoría ciudadana que no apoyará actividades productivas que generan externalidades negativas, y en nuestra región debemos proteger los Santuarios y estos hábitats. Nos preocupa que se relajen los estándares que regulan la actividad pesquera, y que esto pueda terminar afectando nuestro santuario, que es foco de actividad turística en nuestra región”, manifestó.
El proyecto SBAP ingresó al Congreso en 2011, como un requerimiento para completar la institucionalidad ambiental chilena, establecida en la Ley 20.417 del año 2010. Este proyecto de ley busca crear un servicio público que se encargue de la protección de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas, que sea independiente, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo instrumento principal será el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
