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El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en Ñuble anunció que apelará a la decisión de la justicia de otorgar arresto domiciliario total a Luis Miguel Vergara Vásquez, formalizado por el femicidio consumado de María José Ramírez Muñoz, quien desapareció en marzo del 2024 en San Carlos.
La directora regional del Sernameg Ñuble, Nicol Ulloa, respaldó la investigación del Ministerio Público, que permitió la formalización del sujeto.
“Este avance es fruto de un exhaustivo trabajo conjunto entre nuestro Servicio y la Fiscalía Regional de Ñuble, que permitió reunir antecedentes clave que vinculan al imputado con la desaparición de la mujer en marzo de 2024, logrando una formalización inédita en este tipo de causa”.
“Se trata del primer caso a nivel nacional en el cual se formaliza por femicidio consumado sin hallazgo de cuerpo, y si bien considerábamos importante que se decretara la prisión preventiva del acusado, se logró el arresto domiciliario total”, detalló la autoridad regional. De hecho, Ulloa adelantó que apelarán al rechazo de la medida cautelar de prisión preventiva, la que fue solicitada en conjunto con el Ministerio Público.
Ulloa agregó que la dirección regional de Ñuble se reunió en marzo con el fiscal regional del caso, llevando a cabo un seguimiento detallado de la causa, que incluyó la solicitud de levantar la reserva de la carpeta investigativa, “la que finalmente permitió a las abogadas del Sernameg esclarecer la relación de la víctima con el acusado, quien fuera su expareja”.
Pensión de protección
La directora regional del Servicio comentó, además, que “inmediatamente conocido el caso, nos pusimos a disposición de la familia para ofrecer el apoyo psicosocial y jurídico correspondiente, el que fue aceptado y a quienes hemos acompañado en todo el proceso, presentando una querella por femicidio consumado íntimo y velando para que en todo momento se considere la perspectiva de género como un eje fundamental en la investigación”.
Por último, el Sernameg resguardará a los dos hijos menores de 18 años de la víctima, a quienes se les otorgará la pensión de protección y reparación de acuerdo a la ley 21.565.
Durante la audiencia de formalización, la fiscal Tamara Cuello apeló verbalmente a la medida cautelar dispuesto por el tribunal, por lo que la Corte de Apelaciones de Chillán deberá determinar si acepta conceder la prisión preventiva.
