“No somos usurpadores de aguas”, fue una de las frases que emitió el alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, al referirse a la contienda legal entre el municipio con la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, entidad conformada por agricultores que reclama derechos sobre el vital elemento que nace del fundo municipal Termas de Chillán.
El próximo 12 de agosto el jefe comunal, además de ejecutivos de la concesionaria Nevados de Chillán, serán formalizados por el eventual delito de apropiación de aguas que son utilizadas, mediante procesos de captación y acumulación, para el complejo turístico.
Se trata de un largo proceso que comenzó cuando la municipalidad quiso inscribir los recursos hídricos que ha utilizado por más de una centuria en terrenos que son de su propiedad en la comuna de Pinto.
Cuando la entidad edilicia quiso normalizar el uso de afluentes, se encontró con la tenaz oposición de los regantes del río Diguillín, que en términos generales han sostenido que las aguas que fluyen desde las Termas forman parte de la hoya hidrográfica de aquel cauce.
Durante la sesión de Concejo Municipal realizada a través de videoconferencia el lunes, el alcalde confirmó que el 12 de agosto será la formalización, en respuesta a consultas formuladas por la concejal Nadia Kaik (RN).
La edil indicó que se trata de un tema que está judicializado, por lo que por lo que esperarán detalles más específicos que debe entregar la municipalidad sobre la manera en que enfrentarán el caso, pero remarcó que por ahora la entidad edilicia ha adoptado una actitud más bien hermética, con el fin de no exponer públicamente su defensa ante la contraparte.
Durante la sesión, el alcalde Sergio Zarzar mencionó que la municipalidad de Chillán durante más de una centuria ha ocupado las aguas para el desarrollo del complejo turístico, lo que según el municipio es un derecho adquirido y con antecedentes históricos comprobables e irrefutables.
Para la alcaldía, se trata de una temática que debe ser vista de una manera “estratégica”, pues la entidad edilicia “no puede decir lo que hará o no, pues estaría mostrando sus cartas”.
La autoridad indicó que en este caso está en riesgo el patrimonio de la ciudad, por lo que hay que aplicar una estrategia bien razonada legalmente.
En general, los concejales concuerdan con la línea aplicada por el alcalde y en este sentido creen que es prudente no adelantar juicios ni exponer los argumentos que tiene la municipalidad.
Esperan informe
El concejal Patricio Huepe (DC), quien lidera la Comisión Hacienda, indicó que está a la espera de que el alcalde entregue un informe más pormenorizado respecto de este caso.
El concejal Víctor Sepúlveda (PC), quien preside la Comisión Termas, remarcó: “no tenemos mayor información sobre el estado de esta causa y esperamos que la autoridad nos presenten un informe que nos pueda aclarar muchas dudas que existen en relación a este tema”.
Entre los temas que inquietan, indicó el concejal Camilo Benavente(PPD), se encuentra cuál sería el destino de los hoteles municipales que existen en la zona cordillerana de Pinto, si es que se perdiera el acceso al agua.
En la zona existen hoteles municipales y privados, a lo que se suman condominios privados, cabañas y muchos emprendimientos que eventualmente podrán verse afectados por el eventual corte de agua.
Se estima entre concejales que es muy probable que la municipalidad trate de llegar a un acuerdo con la Junta de Vigilancia para evitar el corte generalizado del servicio, lo que afectaría a grandes empresas.
Si bien la municipalidad podría eventualmente adquirir derechos con la directiva de la Junta de Vigilancia, lo cierto es que la entidad plantea que el uso de las aguas es un derecho que le asiste desde que las tierras fueron inscritas el año 1880.
