Jaqueline Guíñez, seremi de Justicia, abordó, como primera reacción, el informe del INDH respecto a las situación carcelaria en Chile y Ñuble, afirmando que “nosotros no vamos a esconder que las cárceles regionales, como en todo el país, tienen muchos problemas de infraestructura, de espacio y equipamiento, porque sería imposible hacerlo”.
Se alinea el Gobierno, por lo tanto, con la mayoría de las conclusiones a las que arriba el estudio, y que apuntan básicamente a conflictos derivados por la sobrepoblación penal.
Sobrepoblación que hizo insuficiente la cantidad de personal de salud de cada plantel, insuficientes las camas y, en ocasiones, inutilizables los baños, redundando todo en un ambiente que anualmente reporta decenas de lesionados por riñas. Incluso más de un fallecido.
Sin embargo, “no todos los datos están bien interpretados”, advierte la seremi.“Por ejemplo, hay cárceles que figuran como que no contaran con agua potable, pero lo cierto es que las cárceles cortan el agua por las noches. Es más, si en las cárceles de Ñuble no hubiera agua, no se habría podido instalar las redes húmedas y secas con que se implementó a cada plantel para después del terremoto del 2010”, aclara.
Dado que el estudio del INDH fue aplicado en los años 2016-2017, “se debe entender que en este Gobierno se han hecho varios arreglos y avances, no solo pensando en los internos sino que también en los funcionarios de Gendarmería”, advirtió Guíñez, quien este martes estuvo en Bulnes, comuna que presenta una de las cárceles cuestionadas en el estudio.
Los problemas en Chillán
La cárcel de Chillán no figura entre la nómina de planteles con factores críticos del estudio.“Pero eso no significa que no haya factores negativos”, plantea el comandante Rafael Cadenas, alcaide de la Centro de Cumplimiento Penitenciario(CPP) de Chillán.
Partiendo por los sanitarios de una estructura añosa y que si bien se ha invertido constantemente en mantenciones, “la cantidad de baños para la cantidad de personas que a diario los ocupan es insuficiente, y eso genera situaciones que deben ser superadas”, ejemplificó el comandante.
Lo que más le preocupa al comandante es que la cárcel de Chillán, hoy con una población no muy distante a los 600 reos, “cuenta solo con dos patios y son cinco los dormitorios. Entonces, el que se haga una segmentación entre dormitorios para juveniles, imputados y condenados rematados pierde su objetivo si durante el día están todos compartiendo en el mismo patio”.
En esta crítica, Cadenas apunta al factor de la reinserción social y el llamado “contagio criminógino” al que coloquialmente se refieren como la “universidad del delito”.
Si un reo primerizo, sin mayores antecedentes, comparte y “aprende” por más de tres años de encierro con delincuentes avezados y que hicieron del delito una forma de vida, “lo que estamos haciendo es hacer que las personas, al terminar sus condenas, salgan del encierro aún más peligrosos de lo que entraron”, observa Jaqueline Guíñez.
La cárcel regional
El suboficial Cristian Montecinos, presidente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), dijo a LA DISCUSIÓN que “los lanzamientos o pelotazos, lejos de disminuir, han aumentado este año y los allanamientos con resultados positivos, también”.
Esto en el contexto de la necesidad de materializar el proyecto del cerco perimetral para los dos patios principales de la cárcel local.
“Ese proyecto está en tramitación, hubo ciertas observaciones que Gendarmería ya resolvió y las envió de vuelta, así que está en camino”, afirmó la seremi.
Guíñez, como corolario, planteó que “todo esto se solucionará en gran medida con la futura cárcel regional. Ya se han dado pasos concretos, la decisión de su emplazamiento ya está en etapa de análisis y el compromiso con el proyecto es real. Pero también queremos avanzar en la calidad de vida de los funcionarios y en la reinserción social de los reos, queremos hacer de Gendarmería una institución que cambie vidas”.
