Tras un extenso debate, el Senado despachó a tercer trámite la reforma integral al sistema de adopción en Chile que busca establecer los lineamientos y criterios esenciales para un nuevo enfoque en materia de adopción, para orientar a los distintos actores sociales en la toma de decisiones que puedan afectar a los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, luego de agotar todas las posibilidades de inserción en su propia familia.
Así, el mensaje incorpora los principios que sustentan y orientan el sistema de adopción, se garantiza su subsidiariedad y se agilizan sus procedimientos mediante mecanismos eficientes y plazos acotados.
Previo a la votación en particular, la Sala escuchó los informes de la senadora Fabiola Campillai por parte de la Comisión de Familia; a la senadora Paulina Núñez en representación de la Comisión de Constitución y a la senadora Ximena Rincón por la Comisión de Hacienda.
Asimismo, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, explicó los principales cambios que implica esta nueva legislación, que entre otras medidas disminuye considerablemente los tiempos y procesos, pues actualmente un niño, niña y adolescente debe pasar por tres procesos judiciales lo que no sólo aumenta el tiempo de adopción, sino que también duplica procedimientos.
Las tres comisiones especializadas estudiaron acuciosamente la iniciativa y le introdujeron diversos cambios que fueron sometidos a votación en la sesión de este martes. En ese contexto, todas las disposiciones que fueron aprobadas por unanimidad en las tres instancias legislativas fueron respaldadas de manera unánime por la Sala del Senado.
Todos coincidieron en que esta iniciativa es un avance significativo que adecua las normas a los nuevos tiempos, acorta plazos y por sobre todo, privilegia los derechos de los menores a ser oídos y a conocer sus orígenes, entre otras materias. Asimismo, destacaron que respecto de la adopción internacional se refuerza el carácter subsidiario y excepcional.
Un punto que relevaron fue el de establecer un plazo máximo de 12 meses para un retorno seguro a su entorno familiar y de no ser así, para ser susceptible de adopción, y que las familias de acogida también puedan tener la posibilidad de adoptar.
No obstante, senadoras y senadores plantearon la importancia de que exista un adecuado respaldo financiero y una coordinación efectiva de las distintas entidades que participan en estos procesos, para que las nuevas disposiciones tengan eficacia.
