La sala del Senado aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, que permite el retiro excepcional de hasta un 10% de los fondos acumulados de capitalización individual que se encuentran en las AFP.
La idea de legislar alcanzó los 29 votos, cinco de ellos de Chile Vamos (senadores Iván Moreira, David Sandoval y José Durana, de la UDI; y Juan Castro y Manuel Ossandón, de RN); 13 en contra y una abstención (Francisco Chahuán, de RN).
En la discusión en particular, en tanto, se aprobaron también por 29 votos a favor y 14 en contra las indicaciones relativas a que el retiro no será objeto de retención (salvo deudas por pensión alimenticia); que no estará afecto a impuestos; y que el plazo para solicitarlo será de 365 días. En tanto, por 18 votos a favor y 24 en contra, se rechazó la indicación que reafirmaba la propiedad de los fondos por parte de las personas, la que según la oposición debe ser abordada durante la reforma a las pensiones, y no en el marco de una reforma de carácter transitorio.
Por último, respecto de la creación del Fondo Colectivo Solidario, durante la madrugada de hoy la sala rechazó la indicación por 7 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones.
De esta forma, el proyecto de reforma constitucional fue despachado a la Cámara de Diputados, donde hoy podría ser aprobado en tercer trámite con el voto afirmativo de más parlamentarios de Chile Vamos, que durante el primer trámite se abstuvieron.
Votación histórica
La jornada se inició con la intervención del senador Alfonso de Urresti (PS), quien dio cuenta del proyecto, en su calidad de presidente de la comisión de Constitución, y explicó los principales alcances y modificaciones que hizo la citada instancia, entre ellos, la reposición de una norma que crea un Fondo Colectivo Solidario de Pensiones.
Uno de los primeros puntos que debió resolver la sala fue el quórum que se requiere para aprobar la reforma constitucional. Esto, pues algunos parlamentarios y el Ejecutivo plantearon que se requerían 2/3 de los votos para aprobarla, y otros sostuvieron que se necesitaban 3/5, tal como lo aprobó la Cámara y lo definió la comisión de Constitución del Senado. Finalmente, con 29 votos a favor y 14 en contra, la sala se inclinó por la postura de que se requerían 3/5, es decir 26 votos para su aprobación.
Reserva de constitucionalidad
El senador de la UDI, Víctor Pérez, reconoció que “nuestras propuestas no tuvieron los votos, pero esto no deja de lado los efectos negativos para los pensionados y las pensiones. Aquí las críticas hacia las AFP las han hecho quienes gobernaron durante 24 años y no hicieron nada. Se ha criticado también al mercado de capitales, que le ha permitido a Chile realizar inversiones que no habrían sido posibles, como las carreteras. Nadie ha dicho que éste es un buen proyecto. ¿Resolverá los problemas de las personas? ¿Qué le dirán a quienes podrán sacar solo $100 mil en dos cuotas? Esto favorecerá a quienes tienen más cotizaciones, y por lo tanto, más ingresos. Es un proyecto regresivo”, afirmó el legislador, quien ejemplificó con la entrega de créditos Fogape en Ñuble, el accionar del gobierno durante la pandemia.
“2.517 créditos Fogape se han entregado en Ñuble hasta el momento. ¿Son todas grandes empresas?”, planteó.
Pérez también adelantó que junto a otros senadores, harán reserva de constitucionalidad.
“Aquí hay una transgresión a las normas sobre las facultades presidenciales, a las normas de quórum y a las normas constitucionales. Asumo como mía la reserva de constitucionalidad anunciada por el senador Allamand, por una razón muy simple, las reglas del juego que establece la Constitución y que todos debemos respetar, dicen que las materias de impuestos y seguridad social son de absoluta atribución del Presidente de la República. No hay una norma que permita transgredir esa disposición constitucional. Aquí lo que se busca es eludir esa norma, por lo tanto, debilitar la autoridad presidencial. Transgredir estas normas coloca al congreso en una situación compleja y difícil para el ordenamiento jurídico”, aseveró.
Agregó que “la esencia de un sistema previsional, de cualquier tipo, es que los fondos solo estén disponibles en el momento que llega la jubilación, pues de lo contrario, se afecta de manera permanente las pensiones de quienes retiran, y de quienes no lo hacen. El deber que tenemos todos quienes hemos sido elegidos para estar acá es resguardar las reglas del juego. Transgredir eso por la vía de un régimen parlamentario de facto tiene efectos negativos para la convivencia democrática”, sentenció.
Beneficios que no llegan
El senador del PPD, Felipe Harboe, calificó la votación de ayer como “histórica, pero injusta”.
“No me gusta que los trabajadores utilicen sus escasos recursos y disminuyan sus pensiones futuras, pero no llegamos hasta acá por populismo, sino por la indolencia del gobierno. Estamos ante el fracaso del gobierno y del negacionismo de muchos que se opusieron durante décadas a cualquier cambio del sistema de pensiones, que es más bien un modelo de inversiones”, afirmó.
Agregó que “las familias se cansaron de la letra chica y de los anuncios del gobierno. Esta crisis está poniendo fin al sueño de muchos que se creían clase media. Las familias ya no creen en los anuncios del gobierno, pues los beneficios no llegan. Ser clase media es peor que tener Dicom, se queda al margen de cualquier beneficio social, y más encima, se les ofrece un crédito, cuando están con el agua hasta el cuello”.
Según el legislador, “este proyecto es un llamado desesperado de millones de personas. Señor Presidente, no sea el conductor del negacionaismo, deje de escuchar al segundo piso. Desde mi convicción, este proyecto es constitucional, jamás apoyaría algo que atente contra la Constitución. Lo desafío a iniciar un profundo proceso de reforma al sistema de pensiones, el país necesita cambios para garantizar la paz social”, planteó,
“Se deben ir del partido”
En la UDI local, el resultado de la votación de ayer no solo fue rechazado, sino que también, trajo coletazos internos.
“Éste fue un resquicio legal que ocupó la izquierda para poder aprobar un proyecto de ley que es inconstitucional. Las medidas que tome el gobierno ahora las desconocemos, pero en la UDI hemos sido claros. No estamos de acuerdo con esta iniciativa, pues provoca un grave daño a las pensiones de todos los chilenos, por lo tanto, quienes lo aprobaron, pasarán al tribunal supremo del partido. Todos debemos ser medidos con la misma vara, no se dio una orden sobre cómo votar, sino que al aprobar el proyecto, ellos transgredieron los estatutos y la declaración de principios de la UDI, y deberían abandonar el partido”, afirmó el presidente regional de la colectividad, Juan José González, quien recalcó que “aquí no hay espacio para dirigentes o parlamentarios que hacen un tremendo daño a la ciudadanía, por muy popular que sea el proyecto. Nuestros estatutos son claros, ninguna de nuestras autoridades puede votar por el aplauso fácil. Aquí se debió votar lo mejor para Chile y sus ciudadanos”, afirmó.
Ágil despacho
Desde la oposición, la presidenta regional del PS, Gina Hidalgo, sostuvo que “esperamos que haya responsabilidad por parte de la derecha y de los sectores conservadores con las y los chilenos, y primen las soluciones a los problemas de la gente, por sobre las presiones del gran empresariado. A su vez, creemos que es hora de empezar a cambiar los paradigmas de este país para disminuir las tremendas brechas de desigualdad que existen, y éste es el primer paso para aquello”.
La dirigenta reconoció que el retiro de fondos se trata de “una solución extrema, que a nadie le gusta en sí misma, pero que sin embargo, demuestra y denota la indolencia del gobierno con respecto a las necesidades de la clase trabajadora y de los sectores que quedaron fuera de los ingresos familiares de emergencia. El Estado de Chile está en deuda con la gente y el retiro del 10% responde a eso, a la necesidad de pagar una deuda; a un Estado, a un gobierno y a un Presidente que no han estado a la altura de las circunstancias”, dijo.
Respecto del TC y el posible veto, sostuvo que esperan que “el gobierno no sea un obstáculo, ni el Presidente un escollo para la urgente tramitación de una reforma que beneficiará, por razones excepcionales de emergencia , a millones de familias”.
Para el consejero regional de Revolución Democrática Ñuble, Álvaro Valencia, “La aprobación del proyecto en el Senado sin duda es un avance, pero con las indicaciones que se hicieron, se obliga a volver a la Cámara de Diputados para que se revise nuevamente. Si allí no se aprueba, se irá a comisión mixta para zanjar diferencias y se volverá a votar, mientras las familias siguen esperando desesperadas. De despacharse finalmente el proyecto, el Gobierno ya ha amenazado con vetar la iniciativa o llevarla al Tribunal Constitucional. Sin embargo no hay ningún argumento para que el TC frene esta medida. Aquí el Presidente deberá tomar la decisión más difícil que le tocará enfrentar, ya que si obstaculiza el proyecto, el 85% del pueblo que está a favor no saldrá a la calle a felicitarlo precisamente, y todo lo que pueda ocurrir será única y exclusiva responsabilidad suya, convirtiéndose nuevamente su Gobierno en un peligro para el país”, manifestó.
Desde el PR, en tanto, su presidente regional, Cristian Ortiz, espera que este proyecto “se despache a la brevedad, y el Presidente de la República acoja la demanda ciudadana y vaya en ayuda de quienes han tenido problemas producto de la pandemia. Más de un 80% de los chilenos está de acuerdo con este retiro, es un clamor popular, y debemos apoyarlo porque es algo excepcional, que va en ayuda de personas que no han podido pagar sus cuentas, o que están sustentando a otros integrantes de su familia. Esperamos que el Presidente no vete esta reforma, porque el costo político sería muy grande, pues creemos que no están los votos en el congreso para respaldarlo. Sería alargar los plazos, y el gobierno ya ha llegado tarde. También esperamos que los senadores de derecha no recurran al TC, y legislen de una vez por todas para la gente y no para las grandes empresas o las AFP”, sentenció.
