La Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite, que faculta a los gobiernos regionales para crear una División de Prevención del Delito, lo que marca un paso relevante en la descentralización de las políticas de seguridad pública.
Con 24 votos a favor, seis en contra y 12 abstenciones, la iniciativa avanzó a su discusión en particular, que se extenderá hasta el 23 de septiembre, cuando finalice el plazo de presentación de indicaciones.
El texto consagra a los gobiernos regionales la función de diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar planes y programas en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, además de fortalecer la asistencia a víctimas. Se trata de un marco legal que, en la práctica, reconoce y ordena una labor que los gobiernos regionales ya venían realizando en los últimos años, con millonarias inversiones en iniciativas de seguridad, muchas de ellas en coordinación con municipios.
El gobernador de O’Higgins y presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales (Agorechi), Pablo Silva, presenció el debate en la Sala y valoró la aprobación en general.
A su juicio, este proyecto responde a una demanda de las comunidades, puesto que solo en los últimos cuatro años los gobiernos regionales han invertido más de 500 mil millones de pesos en seguridad, sin contar con una institucionalidad específica que permita generar políticas públicas con mayor alcance y eficacia.
Durante la discusión, varios senadores coincidieron en que la prevención del delito constituye una de las principales preocupaciones ciudadanas y que, en consecuencia, era necesario fortalecer el rol de los gobiernos regionales en esta materia. También hicieron notar que, de hecho, gran parte de estas tareas ya se encuentran siendo asumidas en los territorios, por lo que la iniciativa contribuiría a dar mayor coherencia y estabilidad a esos esfuerzos.
En paralelo, algunos parlamentarios plantearon la necesidad de precisar los límites de competencias con otras instituciones del Estado y de garantizar la adecuada coordinación interinstitucional, en particular con el Ministerio de Seguridad Pública. De este modo, se buscará que el diseño legal evite duplicidades y permita sinergias efectivas.
Llamado a los parlamentarios: “Nada resta, todo se suma”
Uno de los jefes regionales que destacó el avance fue el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, quien resaltó la importancia de dotar a los gobiernos regionales de “musculatura estratégica” para enfrentar la inseguridad desde el territorio.
“Hoy estamos invirtiendo en seguridad, pero sin una estructura administrativa que respalde ese trabajo. Con esta división podremos asesorar a los municipios y mejorar la coordinación entre instituciones públicas”, expresó.
Crisóstomo resaltó además, que la nueva división no interfiere con la labor del Ministerio de Seguridad, sino que opera como un complemento.
“Ellos tienen el rol de la seguridad pública en cada región, mientras que nosotros aportamos en un proceso de complementariedad muy valioso y estratégico. Esta iniciativa viene a regularizar lo que ya hacemos, pero sin la estructura que nos dé soporte”, puntualizó.
El gobernador de Ñuble también hizo un llamado a los parlamentarios de todas las bancadas a respaldar la propuesta en su discusión en particular.
“En materia de seguridad pública nada se resta, todo suma. Esta iniciativa debe ser entendida como una señal de unidad frente a la principal preocupación de la ciudadanía”, enfatizó.
El proyecto aún debe sortear su tramitación en particular en el Senado, donde se discutirán las normas de mayor quórum que quedaron rechazadas en esta primera etapa. Se espera que las indicaciones permitan ajustar detalles sobre coordinación institucional, financiamiento y el alcance de las funciones de la nueva división.
