Salió humo blanco hoy en el Senado, y a solo cinco días de comenzar el período legal de propaganda electoral, se despachó a la Cámara de Diputados, en segundo trámite, el proyecto de reforma constitucional que regula el financiamiento y la propaganda de las campañas para el plebiscito constituyente de octubre próximo.
Luego que durante la jornada del jueves se definiera una segunda discusión, a petición de la bancada de RN; ayer se logró un acuerdo político entre oficialismo y oposición, negociación que fue liderada por los senadores Álvaro Elizalde (PS) y Rodrigo Galilea (RN).
Finalmente se acordó aprobar que ya sea los afiliados a los partidos o personas naturales podrán hacer un aporte de hasta 500 UF (cerca de 14 millones); y desde la oposición, se accedió a la propuesta oficialista a que existiera un límite de gastos conjunto para los partidos que estén por cada opción. De este modo, un grupo de partidos se puede inscribir para hacer una campaña conjunta, y por lo tanto, el límite será equivalente a la suma de cada uno de ellos.
En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, el límite del gasto electoral, por cada opción plebiscitada, será el que resulte de multiplicar 0,0003 unidades de fomento por el número de electores habilitados a la fecha de convocatoria a Plebiscito, lo que equivaldría aproximadamente a $127 millones; en tanto, en el caso de los parlamentarios independientes, el límite del gasto electoral por cada opción plebiscitada será el equivalente al fijado para el partido político con menor límite de gasto autorizado por el Servicio Electoral.
La reforma, que necesitaba de un alto quórum para ser respaldada, fue aprobada por unanimidad en general, y con solo dos abstenciones de los senadores Alejandro Navarro (PRO) y Yasna Provoste (DC), en particular.
Igualdad de condiciones
El senador por Ñuble de la UDI, Claudio Alvarado, votó a favor de la iniciativa y destacó el acuerdo alcanzado, ya que hasta ayer, la propuesta de asignar un límite de gasto por partido no le satisfacía al oficialismo.
“Uno siempre está disponible para que existan normas que regulen este proceso, y de esa forma, la ciudadanía pueda tener información oportuna y con absoluta transparencia respecto de cómo se financia el plebiscito.
Teníamos una diferencia con respecto a las bancadas de oposición en orden a que ellos planteaban un límite de gasto por partido, lo que constituía un límite formal engañoso, pues el Apruebo tiene alrededor de 22 a 25 partidos, y el Rechazo, tres. Si se votaba por partido, la posibilidad de financiamiento del Apruebo era muy superior, por lo que propusimos límites por opción”, sostuvo el parlamentario de la UDI.
Finalmente se definió que el límite fuera para grupos de partidos por cada opción, de manera que se sumarán.
“Los actores políticos debíamos converger si queríamos tener regulación en este ámbito. Cabe destacar, eso sí, que cuando surge el acuerdo por el plebiscito, no se consideró el tema del financiamiento, por tratarse un debate de ideas y no de candidatos. Todos los actores políticos dejaron fuera esto en noviembre pasado, y en el último tiempo han surgido voces, que compartimos, que hablan de regular, pero de manera uniforme para ambas opciones”, afirmó Alvarado, quien estima que tras la aprobación, sí se podrá sacar la reforma antes del 26 de agosto, pese a que están contra el tiempo.
Fiscalizar
Si bien el senador del PPD, Felipe Harboe, aprobó la iniciativa, manifestó algunas aprensiones.
“Cuando se hace referencia a quienes podrán instalar comandos, se refiere a los partidos, parlamentarios independientes y organizaciones de la sociedad civil, ergo, los parlamentarios militantes de partidos no podrán hacer comandos, quedaron fuera de la redacción. Lo segundo, esta norma es de completa auto sustentabilidad, no hace mención en materia de sanciones a la ley sobre gastos electorales, por lo tanto, las sanciones para las infracciones solo serán las que se establecen en esta ley. No obstante, por ser un avance, voto a favor”, sostuvo, aseverando que incluso, le hubiese gustado que fuera menor el límite al gasto.
“El compromiso del Gobierno ahora es otorgarle los recursos suficientes al Servel para que pueda fiscalizar, no sacamos nada con establecer límite al gasto, sanciones, si no somos capaces de fiscalizar. Es clave que el dinero que se aporte sea trazable. No queremos intervención foránea, del crimen organizado, del narcotráfico, o gente que a escondidas hace este financiamiento. Es muy importante este acuerdo político, lo necesario ahora, es que haya capacidad para fiscalizar”, sentenció.
