En muy poco tiempo, la delincuencia se ha convertido en la principal preocupación de los chilenos. El alza del costo de la vida, la pandemia ni la aventura constitucional logran quitarle esa posición, dada la creciente percepción de inseguridad en la población, principalmente de zonas urbanas.
Si bien algunos insisten en repetir que las cifras de victimización no son preocupantes o que las estadísticas muestran una caída de los delitos en 2021, no han entendido que la delincuencia dejó de ser un problema de seguridad, sino que se ha convertido en un asunto político.
Efectivamente, según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana aplicada por el INE y cuyos resultados de 2021 entregó en agosto pasado, la tasa de victimización el año pasado en Chile fue la más baja desde que hay registros (2012). Se precisa que la tasa más alta se observó en 2017, con un 28,0%; para luego descender hasta 19,2% en 2020 y 16,9% en 2021, en plena pandemia, por lo que la cifra no debiera sorprender. Pero se trata de estadísticas del año pasado, que no reflejan la situación actual.
En tanto, el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros, que entrega informes semanales, viene mostrando un aumento sostenido de delitos como el robo violento de vehículos o los homicidios en los últimos meses.
Precisamente, Ipsos, en su informe “Preocupaciones del Mundo”, que recoge la percepción en 27 países sobre temas que generan inquietud en la población, reveló que Chile se alzó como el país más preocupado por el crimen y violencia.
Quienes intentan minimizar el problema apuntando a los medios de comunicación como constructores de temor, probablemente no han estado en la avenida Argentina, en Chillán, donde el último mes se han registrado hechos violentos que mantienen en estado de alerta al sector gastronómico de la ciudad al punto de convocar a una marcha para pedir soluciones a las autoridades regionales.
Lamentablemente, el sesgo ideológico de algunos referentes del oficialismo contribuyó a demorar la respuesta del Gobierno frente a un problema que, a estas alturas, es político. Eso, dejando de lado las desafortunadas faltas de respeto a Carabineros que en el pasado protagonizaron personeros de gobierno.
Mauro Basaure, sociólogo e investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, planteó recientemente que “lo nuevo no parece ser tanto el número de delitos, ni siquiera el tipo, sino que fundamentalmente el que la vida humana haya perdido valor y se ponga potencialmente en juego con cada vez más frecuencia”. Basaure afirma que “la delincuencia deja de ser un fenómeno normal cuando los ciudadanos están dispuestos a sacrificar sus libertades públicas y derechos en aras de la seguridad”, lo que nos plantea que la gravedad del problema puede conducir a soluciones populistas que terminen horadando las instituciones democráticas, lo que no es sino la pavimentación del camino para la irrupción del autoritarismo.
Por ello es fundamental el respaldo que ha dado el Gobierno a Carabineros, pues, aunque tardío, es un pilar clave en la construcción de soluciones que no pasan solo por mejorar el equipamiento, sino por fortalecer su base de legitimidad.
El orden público y la seguridad son responsabilidad de las policías, sin embargo, resguardar la legitimidad de estas instituciones democráticas, es deber del poder político.
