Señor Director:
A propósito de la publicación de los resultados PAES, el debate público en cuanto a lo educativo estuvo cruzado por el cuestionamiento, una vez más, de la educación pública. Cuestión reflejada, según ellos, en la desescalada de los liceos públicos, sobre todo de los llamados emblemáticos (desde una lógica centralizadora y elitista), de los odiosos “rankings educativos”.
Se extraña un debate público sesudo y riguroso, que ilumine y no opaque la urgencia analítica sobre los procesos educativos nacionales.
Se hace necesario, entonces, que volvamos a poner en tabla la multifactorialidad y complejidad que encierran en sí las causas y consecuencias de los procesos escolarizantes. Procesos donde se hallan presentes diversas condicionantes, diversos campos que influyen, que intersectan y que construyen interdependientemente la educación tanto en su plano formal como informal.
Uno de los aspectos relevantes ha evaluar para la construcción de un buen diagnóstico de la educación pública nacionales el tema de la violencia. Obviando la complejidad de la necesaria pregunta de ¿cómo y dónde se origina?, se hace necesario señalar que ella no es responsabilidad neta de la escuela, sino que para su comprensión urge o un análisis que comprenda la interconexión entre escuela y territorio; entre escuela, estudiante, familia y sociedad.
Es por esto la urgencia que debe tener un plan nacional de seguridad, porque una efectiva erradicación de la violencia escolar también depende de cuan seguro son los espacios sociales en donde los estudiantes se desarrollan. Espacios en donde ocurro un proceso de aprendizaje experiencia que se manifiesta en todo su quehacer; la escuela también es parte de ello.
En un acuerdo nacional de seguridad también nos jugamos el presente y futuro de la educación pública, también nos jugamos el desarrollo integral del estudiante.
Raúl Roblero Barrios
