Por mucho tiempo el problema de la seguridad pública ha sido un tema de alto interés para la ciudadanía, principalmente porque la delincuencia afecta a todos, ya sea directa o indirectamente. De hecho, el temor a ser víctima de un delito es la principal preocupación de los ñublensinos, incluso más que perder el empleo.
Y si bien el porcentaje de personas que ha sido víctima de un delito disminuyó de 19,3% a 13,8%, según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc 2021), la percepción de inseguridad aumentó respecto al 2020: 86% de los ñublensinos cree que la delincuencia aumentó en Chile y un 64,5% estima que hubo más delincuencia en su comuna.
En ese sentido, la opinión de la gente es que la delincuencia ha aumentado, y mencionan como las principales causas el consumo de drogas, las sanciones débiles de la justicia y la falta de vigilancia policial, entre otras.
En las últimas dos décadas se ha intentado avanzar en materia de coordinación entre los organismos policiales y de la justicia y la comunidad. Desde el Plan Cuadrante, pasando por Chile Seguro o el plan Barrio en Paz Residencial, los resultados no han logrado revertir la percepción de inseguridad entre la población, quizás porque el temor también responde a factores irracionales, pero también por una incompleta implementación de los mencionados programas.
Un elemento clave en la falta de éxito de estos programas ha sido precisamente la escasa participación de la propia comunidad en la implementación de medidas tendientes a mejorar la seguridad en sus entornos. Revelador es la escasa autocrítica de la propia ciudadanía en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, pues solo un 3% de los consultados admitió que la falta de prevención y organización por parte de la propia gente favorece el delito.
¿Cuántos vecinos están hoy efectivamente organizados? ¿Cuántos tienen registrados en sus celulares el número del carabinero a cargo del cuadrante? ¿Cuántos ayudaron a cuidar las casas de sus vecinos durante las vacaciones? ¿Cuántos se han coordinado para establecer medidas como los botones de pánico, la contratación de un guardia o simplemente, estar atentos a lo que ocurre en la casa del vecino?
Frente a esta realidad, los municipios también tienen un rol que cumplir, que va más allá de contribuir a financiar la instalación de cámaras de vigilancia o mejorar la calidad del alumbrado. Dicho rol tiene que ver con la coordinación con la comunidad y con las policías en la definición de estrategias para prevenir los delitos.
Como se sabe, los temores de los vecinos de Chillán son muy distintos a los de quienes viven en Quirihue o en San Carlos, así como también al interior de cada comuna, pues mientras unos temen ser asaltados en el pasaje oscuro por un consumidor de pasta base, otros tienen miedo de que los delincuentes les roben sus animales y herramientas de trabajo.
La idea no es crear policías comunales o que los vecinos deban salir a perseguir a los ladrones, pero sí focalizar los recursos humanos y materiales en aquellas zonas y temas que representan un mayor factor de riesgo, en base a la información generada gracias a una coordinación interinstitucional, donde la participación de la comunidad tiene un rol fundamental.
