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Este martes, un grupo especial de fiscalización conformado por efectivos de diversas entidades estatales y del municipio chillanejo, salieron en dos oportunidades, durante la mañana y luego en la tarde, con el fin de realizar un control al comercio ambulante que se instala en el centro de la urbe.
La orden, que emanó desde el coordinador regional de Seguridad Pública, fue clara en el sentido de que debían examinar la mercadería de las personas que ejercen actividades lucrativas en plena vía pública y determinar si cuentan con autorización del municipio o de entidades como el Servicio de Impuestos Internos.
Alan Ibáñez acotó que se trata de una “barrida” que se ejecuta permanentemente con el fin de fiscalizar que las actividades comerciales ambulantes tengan sustento legal.
El grupo de trabajo estuvo compuesto por Carabineros, personal de PDI, orientado básicamente a analizar la situación de extranjeros que venden productos en las calles, Salud y fiscalizadores del municipio chillanejo.
El contingente se dispersó con sigilo por el centro en busca de los ambulantes, con el fin de evitar que ante su presencia pudieran evadir la fiscalización como ocurre frecuentemente en las arterias de la ciudad, en especial el centro.
La acción desplegada se enfocó en varios frentes, entre ellos la feria libre del mercado municipal, donde extranjeros desarrollan actividades comerciales sin que cuenten con permiso municipal. En este caso, hubo incluso agresiones a la prensa de parte de algunos ambulantes ilegales.
“Este es un plan regional de fiscalización en conjunto con la Gobernación de Diguillín, en la que se realiza fiscalización al comercio ambulante ilegal. El objetivo es tener una ciudad ordenada, una ciudad que mantenga que todos los estamentos que venden artículos estén bajo la ley”, subrayó Alan Ibáñez.
El personero agregó que las entidades que integraron el control de manera permanente, están saliendo a las calles “para mantener la legalidad” en el intercambio de mercaderías.
La idea, aclaró, “es emparejar la cancha entre las personas que tienen todos sus permisos pagados que se encuentran bajo la ley y el objetivo además es ordenar el comercio ambulante ilegal dentro del centro de la ciudad”.
En este tipo de acciones, agregó, los productos expuestos al público de los que no se conoce su procedencia o que no están con permisos adecuados para su venta, son traspasados al Juzgado de Policía Local donde se determinará lo que se hará con ellos”.
En el caso de los extranjeros, la Policía de Investigaciones tiene como objetivo analizar la situación de las personas de diversas nacionalidades que desarrollan actividades lucrativas en las calles de la ciudad.
