Señor Director:
Muchas polémicas causaron los dichos del ex delegado presidencial para La Araucanía en temas de coordinación de seguridad. Si bien en los gremios regionales existe una valoración positiva de la gestión del exdelegado y la esperanza que los nuevos nombramientos ayuden a mejorar la situación de seguridad e impunidad, es preciso advertir que la gestión de cualquier delegado tiene un impacto muy acotado, si no existen, por una parte, cambios sustantivos en la gestión de las instituciones responsables de estas materias, policías y fiscalía principalmente, y por otra la decisión política de desarticular los grupos paramilitares que ejecutan la violencia extrema
en la zona.
Además, es necesario que en forma conjunta se aborden los problemas de fondo, tales como la participación política de los pueblos indígenas, el desarrollo económico y social, y los temas de tierras. En todos ellos se puede avanzar, y requiere de diálogo y apertura para generar soluciones novedosas que permitan salir de la trampa en que estamos. Sin embargo, no será posible si no existen avances significativos en materia de seguridad. Fuimos testigos como un intenso periodo de diálogo y apertura se vio frustrado por la violencia de unos pocos que no permitió la ejecución de la consulta indígena.
Las víctimas que a diario sufren ataques en La Araucanía demandan soluciones hoy, y no pueden esperar largos procesos políticos para que sus derechos más básicos sean respetados, es obligación del Estado garantizarlos.
La acción de grupos paramilitares, no es un tema de desórdenes públicos ni violencia rural, son derechamente actos de terrorismo. Es obligación del Estado, no solo del gobierno, dar una respuesta, que implica disponer de un poder de fuerza superior al de estos grupos, hasta lograr su desarticulación.
Patricio Santibáñez
Presidente Multigremial de
La Araucanía
