En nuestro país, una de las principales preocupaciones ciudadanas -probablemente la mayor- tiene que ver con el aumento de los delitos, problema al que suele definirse como “inseguridad” y que en las últimas dos décadas se ha intentado enfrentar mediante una supuesta coordinación entre organismos policiales, la justicia y la comunidad. Desde el Plan Cuadrante, pasando por Chile Seguro o el plan Barrio en Paz Residencial y ahora Calles sin Violencia, sus resultados no han logrado revertir la percepción de inseguridad entre la población, quizás porque el temor también responde a factores irracionales, pero también por una incompleta implementación de los mencionados programas.
Un elemento clave en esa falta de éxito ha sido precisamente la escasa participación de la propia comunidad en la implementación de medidas tendientes a mejorar la seguridad de sus entornos. Y por lo mismo, urge comenzar a abordar el problema con una visión renovada, partiendo del conocimiento de la realidad local e involucrando a todos los actores de la comunidad. Los especialistas lo llaman “coproducción de seguridad”.
Este enfoque territorial realza la necesidad de la organización comunitaria para crear entornos más seguros y asume como vital el conocimiento de los vecinos y vecinas para estar más comunicados.
Pero ¿cuántos vecinos y vecinas están hoy efectivamente organizados? ¿Cuántos tienen registrados en sus celulares el número del carabinero a cargo del cuadrante? ¿Cuántos ayudaron a cuidar las casas de sus vecinos durante las vacaciones? ¿Cuántos se han coordinado para establecer medidas como los botones de pánico, la contratación de un guardia o simplemente, estar atentos a lo que ocurre en la casa del vecino?
La respuesta es desalentadora. En la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, solo un 3% de los consultados admitió que la falta de prevención y organización por parte de la propia gente favorece el delito.
A nivel local, frente a esta realidad, los municipios también tienen un rol que cumplir, que va más allá de contribuir a financiar la instalación de cámaras de vigilancia o mejorar la calidad del alumbrado. Dicho rol tiene que ver precisamente con la coordinación con la comunidad en la definición de estrategias pertinentes a cada realidad.
Los temores de los vecinos de Chillán son muy distintos a los de quienes viven en Quirihue o en San Carlos, así como también al interior de cada comuna, pues mientras unos temen ser asaltados en el pasaje de su población por un consumidor de drogas “angustiado”, otros tienen miedo de que los delincuentes les roben sus animales y herramientas de trabajo.
La idea no es que los vecinos tengan que salir a perseguir a los ladrones, pero sí focalizar los recursos humanos y materiales en aquellas zonas y temas que representan un mayor factor de riesgo, en base a la información generada gracias a una coordinación interinstitucional donde la comunidad debe tener un rol fundamental.
