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El próximo domingo, once regiones de Chile estarán “en modo elecciones”.
Los electores concurrirán nuevamente a las urnas para elegir a sus gobernadores regionales, ejercicio del cual en Ñuble estamos exentos, ya que la actual autoridad, Óscar Crisóstomo, fue reelecto en primera vuelta el pasado 27 de octubre con un 41,2% de los sufragios.
Pese a que en las veintiún comunas que componen la región no estamos “en campaña”, lo que ocurra la próxima semana sí será importante para el devenir de la descentralización y los territorios.
Así lo estima la académica del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la UdeC y Doctora (c) en Estudios Territoriales, Fernanda Rubilar, quien cree que los resultados del próximo 24 de noviembre serán muy importantes para el análisis de lo que se proyecta para las próximas elecciones de 2025.
“Se pondrán a prueba varios gobernadores en ejercicio, y con ello, figuras ya consolidadas de la política. En la contraparte, contendores poco tradicionales, incluso populismos pocas veces vistos en Chile. Estos resultados claramente serán una señal para los partidos sobre cómo se vendrá la próxima elección parlamentaria y presidencial”, mencionó.
En este sentido, dijo, “la Región Metropolitana marcará la pauta de la elección Presidencial, ya que es el comportamiento electoral de poco más de 6 millones de electores. Al respecto, una particularidad de las segundas vueltas con voto obligatorio es que al ser dos fuerzas políticas las que se enfrentan, se puede producir una mayor abstención o aumentar considerablemente el voto nulo y blanco”, aseveró.
Respecto de la importancia de la labor de “contrapeso” que ejercen los gobernadores, según Rubilar, “uno de los contrapesos más importantes es el del gobernador con su respectivo consejo regional. Se ve con preocupación que no tengan contraparte política en algunos casos para no perpetuar lógicas como las vistas en el caso Convenios, y que efectivamente las y los consejeros regionales cumplan su rol fiscalizador”.
A nivel central, en tanto, “se ha desarrollado un contrapeso distinto hasta ahora, no de regiones en particular, sino de la articulación que han logrado en algunas ocasiones las y los gobernadores regionales para plantear problemáticas regionales al gobierno central. Más allá de la diversidad política en los gobiernos regionales, dado el carácter de la implementación de políticas públicas que se realiza desde los gobiernos regionales, se espera que la articulación con el Ejecutivo siga una trayectoria coherente. En términos prácticos, la disputa política regional-central no es útil ni para los gobernadores ni para las y los ciudadanos que habitan en las regiones”, admitió.
En cuanto a las deudas en materia de descentralización, quien asuma la Presidencia en 2026 deberá tener presente que “si bien se han traspasado más funciones a los gobiernos regionales, siguen algunas pendientes para más y mejor descentralización, aprendiendo de los errores de este periodo. Por una parte, las funciones compartidas que han generado roces con las delegaciones presidenciales y su traspaso efectivo. Recordemos que fue promesa de este gobierno terminar con el rol de los delegados presidenciales. Y por otro lado, la necesidad de fortalecer las contralorías regionales para la fiscalización de los gobiernos regionales, particularmente en la entrega de fondos”, afirmó.
Diferencias con 2021
Según el Doctor en Administración y Política Pública, Cristian Quiroz, “la primera elección de gobernadores regionales tuvo un contexto bien específico, pues estuvo marcada por los impactos del estallido social, la pandemia y el proceso constituyente, además, en un proceso de voto voluntario. Y esos elementos incidieron en los resultados electorales. Por ejemplo, no es casualidad que la derecha haya obtenido sólo un gobernador regional en todo el país. Ahora bien, este año el escenario de la elección de gobernadores regionales ha sido distinto, se enfocó en la evaluación de los gobernadores en ejercicio y ciertamente en la valoración que la ciudadanía tiene del gobierno nacional. Todo esto, con el regreso del voto obligatorio. Estos elementos, en mi opinión, determinarán liderazgos regionales más específicos centrados en lo territorial, sin un sesgo externo más determinante, como pudo ser el 2021”, manifestó.
Sobre esa base, añadió, “creo que los gobiernos regionales cumplirán un rol político relevante frente al gobierno nacional. Si bien legal y presupuestariamente no han sido fortalecidos, en la práctica los gobernadores y gobernadoras son los líderes regionales, quienes cohesionan y articulan las demandas. Esa lectura la tendrá que hacer el próximo gobierno, que independiente del signo político, no tendrá la mayoría regional. En tal sentido, el contrapeso al gobierno nacional requerirá del trabajo coordinado de quienes encabezarán los gobiernos regionales, donde la agenda descentralizadora une transversalmente a las regiones frente al veto centralista que también transversalmente une a sectores desde la derecha a la izquierda, que con miopía política, ven amenazas electorales en donde en realidad existen oportunidades de desarrollo territorial”, sostuvo.
Finalmente, planteó, “el próximo gobierno mantendrá un gran poder casi sin contrapeso frente a los gobiernos regionales, toda vez que durante el actual mandato los avances descentralizadores han sido bastante tímidos. Por de pronto, en materia fiscal, administrativa y políticamente, no se han concretado reformas sustantivas que fortalezcan los gobiernos regionales y profundicen la descentralización. Con ese marco, el próximo gobierno intentará contener el impacto de los gobernadores regionales con un amplio dispositivo de cargos de confianza a través de delegados regionales y provinciales, seremis, jefes de servicio, etc. Espero que el actual gobierno comprenda el escenario posible y active un compromiso efectivo con la descentralización antes del término de su mandato”, expresó.
Expertise de los reelectos
La politóloga y académica de la UdeC, Jeanne Simon, cree que existen diferencias entre los candidatos a gobernador, y los gobernadores propiamente tales.
“En las elecciones se notan más las diferencias entre partidos. Una vez gobernando, todos buscarán fortalecer su capacidad de actuar en relación con el gobierno central. En este sentido, es importante que trabajen de manera transversal y no desde una posición partidista, y será más difícil en el primer año, debido a las elecciones presidenciales, pero imagino que los gobernadores reelectos podrán jugar un rol de liderazgo mayor, porque ya conocen las limitantes”, mencionó.
En cuanto a descentralización, dijo, “hay muchas deudas. Hay que avanzar más en la coordinación (y no competencia) con la Delegación. Hay cooperación en muy pocas”, advirtió.
Mirada a largo plazo
Para el experto electoral, Rodrigo Landa, “la hipótesis sobre el posible arribo de la derecha al gobierno en el próximo período, es una variable exógena al problema de fondo que tenemos en el sistema político y en el modelo de administración regional. Dicho de otro modo, independiente del gobierno de turno, hay situaciones que no han logrado ser revertidas o, al menos, perfeccionadas”.
La primera de ellas, planteó, y que se ha dado a conocer en innumerables ocasiones, “es la alta fragmentación política y la disparidad de intereses en juego. La naturaleza del cargo de gobernador, tanto por su forma de elección, como por la independencia administrativa y política de la que goza, ha hecho bastante compleja la relación con las instituciones descentralizadas del Ejecutivo, especialmente con el delegado Presidencial. Mientras el gobernador tiende siempre a visualizar la próxima elección, y para ello privilegia el clientelismo como la base del apoyo electoral, el delegado Presidencial, por la esencia de su cargo, termina siendo un administrador del Estado. Es difícil plantear un trabajo colaborativo cuando los intereses en juego son tan distintos”, resaltó.
La solución que plantean algunos sectores, según Landa, “es terminar con la figura del delegado Presidencial, como lo comprometió este Gobierno en su programa, pero no está claro que exista el piso político para dicho cambio, en un Estado unitario, un sistema de gobierno presidencialista y una contingencia delicada en materia de seguridad. Tampoco sabemos en detalle qué pasará con el nuevo Ministerio de Seguridad y su impacto en el ordenamiento institucional de las regiones”, mencionó.
Un segundo aspecto, agregó, “que debe ser solucionado de raíz, en un esfuerzo descentralizador más profundo, tiene que ver con la forma en que se ejecuta el presupuesto regional. Vemos en Ñuble, por ejemplo, que gran parte del presupuesto del Gobierno Regional actúa como subsidio directo al Gobierno Central, vía transferencias. Ese fenómeno tiene dos causas: por un lado, las trabas normativas de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos para agilizar la ejecución presupuestaria, y por otro lado, la ausencia de programas de asistencia técnica a municipios para mejorar la presentación de proyectos. Ambos problemas deben ser abordados desde una óptica integral, en la que participen todos los órganos involucrados, especialmente el Ejecutivo”, sostuvo.
Otra deuda en materia de descentralización, manifestó, “es la participación de las bases ciudadanas en las decisiones de orden regional. Es muy común que los gobernadores piensen en los réditos de corto plazo, mientras que las regiones requieren soluciones estructurales. Ñuble, por ejemplo, necesita soluciones profundas en materia agrícola, energética, turística y de conectividad, sin embargo, se echa de menos un liderazgo con esa mirada larga que demanda la estrategia de desarrollo. Uno de los mecanismos para abordar este problema podría ser que por ley se conforme un directorio civil regional, algo así como el Consejo de la Sociedad Civil de los municipios, pero con mayor poder de decisión, y que no sea meramente nominal. Un avance de este tipo mejoraría la participación, encauzaría la política como bien colectivo y dotaría de mayor control social a todo el quehacer público de las regiones”, sentenció.
“Faltan atribuciones”
Según el abogado y académico de la UdeC, Alfonso Henríquez, “la figura de los gobernadores regionales ha permitido un traspaso de competencias desde el nivel central, lo cual ha supuesto avanzar hacia algunos niveles de descentralización. En general, esto ha sido positivo, si pensamos en que las regiones son heterogéneas, y en el hecho que una autoridad como la señalada, cuenta con competencias para adaptar los planes de desarrollo en relación con la realidad regional. Sin embargo, existen falencias, las cuales van desde el poco conocimiento que la ciudadanía tiene acerca de los gobernadores, una falta de mayores atribuciones en materia de seguridad o de una mejor coordinación con los servicios públicos, o hasta algunas que se vinculan con la posibilidad de avanzar hacia la eliminación de los delegados Presidenciales. En este último caso, se dan situaciones en las que se solapan algunas atribuciones, generando una especie de dualidad de mando y dudas acerca de quién tiene el liderazgo dentro de la región. Estas zonas grises dan lugar a tensiones y conflictos políticos, como desde el punto de vista de la gobernanza”, sostuvo.
En el fondo, planteó, “para que la descentralización sea efectiva, y pueda realmente hacer la diferencia en la vida de las personas, los gobernadores deberían contar con mayores facultades y un liderazgo claro, de lo contrario, seguiremos en esta situación más o menos intermedia en la cual nos encontramos”, dijo.
Respecto del contrapeso del gobernador, “éste es el Consejo Regional, al menos, si lo pensamos desde una óptica de frenos y límites al poder. Por tanto, resulta esperable que si el Consejo es dominado por una mayoría afín al gobierno de turno, esto tenga un impacto desde el punto de vista de la gestión regional, favoreciendo o limitando ciertos planes o proyectos. Sin embargo, tampoco debemos olvidar que el Consejo Regional busca hacer efectiva la participación de los ciudadanos de la región, por lo que cuenta con facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras, de forma que en un escenario ideal, el Consejo debería alinearse con los intereses de su región”.
Entre las deudas pendientes sobre descentralización, Henríquez recordó, por ejemplo, la posibilidad de que las regiones gocen de mayor autonomía financiera, reforzar las unidades de gestión, mayor coordinación con las secretarías regionales, fortalecer las capacidades en materias de recursos humanos, mejorar la fiscalización de los recursos regionales y limitar la discrecionalidad con la que cuentan los gobernadores en algunos ámbitos, entre otras”, aseveró.
