Sin duda que éste es un año clave para dos concesiones viales estratégicas que conectan a la Región de Ñuble con el resto del país: el tramo Chillán-Collipulli de la Ruta 5 y la Autopista del Itata. Ambos contratos de concesión llegan a su fin, por lo que el Estado, a través de la Coordinadora de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, debe licitar lo que será la renovación de ambas concesiones, un proceso que debe ser participativo, de manera de incorporar la opinión del mayor número de actores, y que permita efectivamente elevar el estándar de estas carreteras donde periódicamente se registran graves accidentes de tránsito.
Es por ello que la relicitación de ambas concesiones constituye una gran oportunidad para los habitantes de la nueva región de superar las deficiencias de estas rutas, donde destacan, por ejemplo, las numerosas críticas a los bajos niveles de seguridad que ofrece la Autopista del Itata o la necesidad de incorporar más pasarelas peatonales en la Ruta 5.
Cualquier conductor que haya transitado por estas carreteras sabe que existe un sinnúmmero de deficiencias que aumentan el riesgo de sufrir un accidente, como el escaso número de pasarelas peatonales y la ausencia de cierres de confinamiento de la calzada, lo que favorece el cruce temerario de personas y animales, que en muchas ocasiones se traducen en atropellos.
También se mencionan el ancho de las bermas en el caso particular de la Ruta del Itata, así como la presencia y tipo de barreras y la distancia entre ambas calzadas, aspectos técnicos que en países OCDE ya están resueltos, pero que en esta zona siguen siendo un factor de accidentes.
Y si bien muchos usuarios apuntan sus críticas a las empresas concesionarias, a las que condenan por cobrar peajes elevados y ofrecer un servicio mediocre, lo cierto es que el principal responsable de los montos que se cobran a los conductores y del estándar de la concesión es el Estado, que es quien define las bases de licitación y los contratos. Por ello, resulta fundamental que se considere la opinión de los ciudadanos y autoridades locales, ya que las concesiones de este tipo duran 25 años y más.
La concesión del tramo Chillán-Collipulli de la Ruta 5 se la disputan tres empresas que presentaron ofertas el pasado 23 de septiembre: Consorcio Sayr, Intervial Chile S.A. y China Railway Construction Corporation. La apertura de las ofertas está programada para mañana, tras lo cual se procederá a los trámites administrativos para la adjudicación de las obras.
En el caso de la Autopista del Itata, cuya concesión también concluye en 2023, además del necesario mejoramiento de los estándares de seguridad., el aspecto más relevante es el valor de los peajes, al punto que el MOP decidió postergar la licitación hasta el próximo año, precisamente para resolver ambos puntos.
Y si bien se trata de discusiones técnicas, esta vez, a diferencia de lo que ocurrió hace 25 años, es clave que la comunidad sea consultada y que las ganancias de las concesionarias no lleguen a los escandalosos niveles observados en los contratos suscritos en la década de los noventa y que se explican a partir del monto de los peajes. Para evitar aquello, además del rol de los órganos fiscalizadores del Estado, la ciudadanía y sus representantes políticos deben estar atentos a estos procesos.
