Sin duda que este es un año clave para una concesión vial estratégica que conecta a la Región de Ñuble con su similar del Biobío: la Autopista del Itata. El contrato llegó a su fin el año pasado, por lo que el Estado, a través de la Coordinadora de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, licitó lo que será su renovación.
Es por ello que la relicitación constituye una gran oportunidad para los habitantes de la región de superar las deficiencias de esta ruta, donde destacan, por ejemplo, las numerosas críticas a los bajos niveles de seguridad que ofrece, o la necesidad de incorporar más pasarelas peatonales.
Cualquier conductor que haya transitado por esta carretera sabe que existe un sinnúmero de deficiencias que aumentan el riesgo de sufrir un accidente, como el escaso número de pasarelas peatonales y la ausencia de cierres de confinamiento de la calzada, lo que favorece el cruce temerario de personas y animales, que en muchas ocasiones se traducen en atropellos.
También se mencionan el ancho de las bermas, así como la presencia y tipo de barreras y la distancia entre ambas calzadas, aspectos técnicos que en países OCDE ya están resueltos, pero que en esta zona siguen siendo un factor de accidentes.
Y si bien muchos usuarios apuntan sus críticas a la empresa concesionaria, a la que condenan por cobrar peajes elevados y ofrecer un servicio mediocre, lo cierto es que el principal responsable de los montos que se cobran a los conductores y del estándar de la concesión es el Estado, que es quien define las bases de licitación y los contratos. Por ello, resulta fundamental que se considere la opinión de los ciudadanos y autoridades locales, ya que las concesiones de este tipo duran 25 años y más.
La semana pasada se realizó la apertura de las ofertas económicas, ocasión en que Sacyr Concesiones Chile SpA presentó la propuesta más atractiva para el Estado, por UF 15.919.078. El próximo paso es la adjudicación del proyecto, estimada para el primer trimestre de 2025. De ser así, la etapa de construcción de las nuevas estructuras y obras comenzarían en 2029 y entrarían en operación en 2033.
Según el MOP, la inversión en nuevas obras ascendería a 500 millones de dólares, y no se descarta la posibilidad de implementar un sistema de pago por kilómetro recorrido como una futura política pública, lo que ha generado una alta expectativa entre sus usuarios, pues además del necesario mejoramiento de los estándares de seguridad, el aspecto más relevante es el valor de los peajes, al punto que el MOP decidió en 2022 postergar la licitación, precisamente para resolver ambos puntos.
Y si bien se trata de discusiones técnicas, esta vez, a diferencia de lo que ocurrió hace 25 años, es clave que la comunidad sea consultada y que las ganancias de las concesionarias no lleguen a los escandalosos niveles observados en los contratos suscritos en la década de los noventa y que se explican a partir del monto de los peajes. Para evitar aquello, además del rol de los órganos fiscalizadores del Estado, la ciudadanía y sus representantes políticos deben estar atentos a estos procesos.
