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Para mañana lunes a las 15.00 horas está programada la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la región de Ñuble, que votará el estudio de impacto ambiental (EIA) del embalse Zapallar, que el MOP, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), pretende levantar sobre la angostura del valle del río Diguillín, denominada Zapallar, 12 kilómetros aguas abajo de la confluencia con el río Renegado, en las comunas de El Carmen y Pinto.
Y presumiblemente, será aprobado, dado que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en su Informe Consolidado de la Evaluación de Impacto Ambiental, del 12 de enero recién pasado, recomendó aprobar el proyecto, luego de más de tres años de tramitación, cientos de observaciones de servicios públicos y de la comunidad y tres adendas ingresadas por el titular para responder y subsanar dichas observaciones.
La Coeva es una instancia más política que técnica, ya que es presidida por el delegado presidencial regional y la integran diez seremis, quienes deberán pronunciarse sobre el proyecto. Si bien ninguno de los miembros ha adelantado su voto, se espera una aprobación mayoritaria dado que la iniciativa es calificada como prioritaria por el gobierno en un escenario de estrés hídrico y cambio climático.
Francisco Saldías, dirigente de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, destacó que el proyecto es una obra pendiente del sistema Laja-Diguillín, complementaria con el homónimo canal, que permitirá regar 10 mil hectáreas que hoy son de secano, que están principalmente en manos de pequeños agricultores, por lo que destacó que el embalse tendrá un impacto social importante, ya que beneficiará a 1.250 agricultores que son propietarios de 2.335 predios. “Éste es un proyecto eminentemente social, para la pequeña agricultura principalmente (…) Representa un real impacto social en comunas rurales, como son San Ignacio y El Carmen, que se han mantenido como las más pobres, según la Casen”, declaró.
Con una capacidad de almacenamiento de 80 millones de metros cúbicos de agua (dos veces y media el embalse Coihueco), se estima que el Zapallar, cuyo muro de la presa tendrá 100 metros de altura, representará una inversión de US$349 millones, incluyendo la red de canales.
Tramitación compleja
Luego del tropiezo inicial que representó el ingreso del primer EIA en septiembre de 2019, que poco después fue desistido por parte de la DOH; tras la presentación del segundo estudio, en septiembre de 2020, el camino recorrido por el proyecto en su tramitación ambiental no ha sido fácil.
En la primera etapa, 17 servicios públicos presentaron observaciones, lo que dio origen al primer Informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones al EIA (Icsara), el 16 de diciembre de 2020.
En junio de 2021, el MOP solicitó la extensión del plazo para responder el primer Icsara, hasta el 30 de julio, tras lo cual el 29 de julio de 2021 presentó la adenda N°1 con las respuestas. Pero la adenda no dejó conformes a 11 servicios públicos.
Luego se abrió un nuevo proceso de participación ciudadana, en que se reiteraron las aprensiones de la comunidad y se generó un segundo Icsara en noviembre de 2021; por lo que el MOP presentó el 10 de marzo de 2022 una adenda complementaria con las respuestas.
En aquella nueva rueda de consultas, nueve servicios públicos presentaron sus observaciones a la adenda, las que fueron condensadas en el tercer Icsara el 19 de abril de 2022. Fue así como en octubre de 2022 se resolvió una nueva ampliación de plazo de evaluación, solicitada por la DOH, con el objetivo de responder las observaciones, hasta que, el 18 de octubre pasado ingresó la segunda adenda complementaria, que ha sido aceptada por los servicios.
El proyecto parecía no avanzar, lo que, en opinión de Francisco Saldías, cambió drásticamente a partir de enero de 2023, cuando el Comité de Ministros de la CNR resolvió empujar este proyecto, al tiempo que cambió el modelo de financiamiento, desde el sistema de concesiones, por el que se había optado en la administración Piñera, a un modelo de financiamiento fiscal, a través del DFL 1.123. En ese sentido, el profesional destacó que, al tomar la DOH el proyecto, con una dedicación prioritaria, se logró avanzar con celeridad en los aspectos que mantenían trabada la evaluación ambiental.
“Esperamos que el EIA sea aprobado, ya que se ha transformado en una política de gobierno por parte del Consejo de Ministros, que consideró todos los factores sociales y la importancia de este proyecto”, aseveró Saldías, quien destacó “la seriedad con que ha actuado el SEA, que tiene todas las competencias y tiene como función principal recoger todas las opiniones, tanto de los organismos técnicos sectorial como de participación ciudadana, y al mismo tiempo, este organismo, en mérito de todos estos antecedentes está recomendando que este estudio sea aprobado”.
Expectativa del MOP
Paulo de la Fuente, seremi de Obras Públicas en Ñuble, explicó que, “el gobierno tomó una decisión a través del Consejo de Ministros para la Transición Hídrica Justa, la cual nos instruía continuar con este proyecto emblemático para la región, de acuerdo a las necesidades de adaptación al cambio climático”.
Agregó que “hemos cumplido con toda la normativa de carácter ambiental aplicable, se han subsanado errores, omisiones y las inexactitudes planteadas en los informes consolidados, y hemos identificado los permisos ambientales sectoriales que se han aplicado al proyecto, donde hemos cumplido satisfactoriamente los requisitos técnicos, por lo tanto, las medidas de mitigación y compensación son las solicitadas, apropiadas y consideradas en el proyecto, y seguiremos trabajando con las comunidades en levantar las necesidades que falten”.
El seremi recalcó que “en la situación de crisis climática que nos afecta, con las tremendas necesidades de la agricultura para obtener riego eficiente, con las necesidades de agua potable en los sectores rurales, y el término de una vez por todas de los camiones aljibe, que nos permitirá entregar agua de calidad y en forma permanente y eficiente, sumado a ello los desastres naturales acaecidos durante al año 2023, tanto en junio como agosto, y que acorde a las tesis de modificación en el comportamiento del clima en el plantea, nos deja como conclusión que el embalse es necesario. Qué decir en materia de desastres naturales: el embalse nos permitirá regular en forma eficiente el control de las crecidas, eso es un tremendo aporte a la seguridad de todos los habitantes de esta subcuenca. Hoy podemos afirmar con certeza que los embalses precisamente sirvieron para regular el control de crecidas y evitar mayores riesgos de inundación”.
El profesional mencionó que el embalse “también servirá para combatir los incendios forestales, habrá un sector de la estructura del embalse que permitirá la bajada de aeronaves”.
Subrayó que, “en materia de riego, abordaremos cerca de 10 mil hectáreas, beneficiado a distintos sectores de las comunas de El Carmen y San Ignacio, donde el 85% de los recursos hídricos de este proyecto irán en beneficio de los pequeños agricultores”.
“En materia de servicios sanitarios rurales -continuó De la Fuente-, reservaremos un millón de metros cúbicos para destinarlos a agua potable. Tal cantidad de agua, si se secaran todos los servicios de agua potable rurales de El Carmen y San Ignacio, permitiría abastecer a todos estos territorios”.
Postuló también que, “en materia de productividad, de empleo, en materia agrícola es altísimo, y estamos trabajando para que esto sea positivo. Creemos y tenemos la convicción de que esto es muy positivo para la comunidad, para la región y para el país. Por eso, como Gobierno de Chile, estamos trabajando aceleradamente en los distintos sistemas de mitigación y de compensación que sean necesarios para poder dar cumplimiento a la visión medioambiental y social que tiene el actual gobierno en materia de embalses. Debemos escuchar a la ciudadanía, a sus habitantes, a los afectados y a los beneficiados, entenderlos y comprender el cambio que significará en sus vidas y sus familias, en los asentamientos humanos, en materia turística y en lo económico, cambios sin duda positivos”.
En esa línea, Paulo De la Fuente expresó que, “esperamos la obtención de una resolución de calificación ambiental favorable, seguiremos trabajando a través de distintas consultoras que están haciendo la actualización del rol de regante, tenemos que trabajar con el Conservador de Bienes Raíces y las notarías a fin de armar una fuerza de tarea para la impresión y firma de las escrituras que sean necesarias para lograr obtener este rol de regante, también trabajaremos con las organizaciones territoriales, actividades que estamos realizando a través de participación ciudadana. Tenemos que seguir avanzando en el plan de relocalización para el reasentamiento de 12 familias, a través del diseño de casas, la revisión de la infraestructura y sus servicios sanitarios, generar contratos que permitan hacer los términos de referencia y preparar las bases de licitación para hacer los seguimientos a los compromisos que vamos a adquirir con el Consejo de Monumentos Nacionales y la Conaf. En ese sentido, vamos a licitar empresas que sigan haciendo el acompañamiento desde el punto de vista social y económico de las diversas comunidades reasentadas y expropiadas, pero también a los beneficiados”.
Cuestionamientos
Entre las comunidades afectadas, hay agrupaciones, como el movimiento Somos Diguillín, que han tenido un activo rol en la difusión de los impactos del proyecto y en la presentación de observaciones durante la evaluación ambiental. De hecho, este jueves recién pasado realizaron una marcha por el centro de Chillán, con el objetivo de visibilizar sus críticas al embalse.
Su vocera, Valentina Ibarra, sostuvo que hay observaciones que no han sido subsanas por el titular. “Por ejemplo, hay observaciones a la tercera adenda por parte de los municipios de El Carmen y Pinto, de Conaf, del SAG, de Sernatur e incluso, de la Seremi de Medio Ambiente, que extrañamente se pronunció conforme”, mencionó.
La propietaria agrícola de San Ignacio manifestó que “nos preocupan todas las observaciones, por ejemplo, el impacto socioambiental a las comunidades de la zona, en su forma de vida, que son pequeños agricultores, el impacto en el turismo rural, y no me refiero solo a las familias que van a ser erradicadas, sino también a aquellas que van a perder parte de sus terrenos (expropiados), donde no se considera el valor que tendrán los terrenos restantes que quedarán en manos de estas familias, porque no es lo mismo un terreno de pastoreo que uno de huertas, o si el canal va a partir el predio por la mitad y el productor no tendrá cómo mover su ganado”.
Ibarra planteó que “son muchas variables que considerar, aparte la intervención misma del río, que va a impactar en los cultivos y los emprendimientos turísticos. Todo lo que va a afectar la biodiversidad y la economía de la zona es incalculable y eso solo durante la construcción, que se estima serán como mínimo, cinco años”.
En cuanto a los impactos ambientales, la vocera de Somos Diguillín apuntó a la “pérdida de biodiversidad, por ejemplo, especies de flora y fauna endémicas que se van a perder y que no están consideradas”.
Valentina Ibarra sentenció que “este proceso de evaluación ambiental ha sido bastante irregular, por ejemplo, si hablamos de participación ciudadana, fue más que deficiente, de partida, se hizo en plena pandemia, entre octubre y diciembre de 2020, y no se consideró que era una zona rural, con poca comunicación, gran presencia de adultos mayores, entonces, la solución del SEA dadas las restricciones de desplazamiento, fue hacerlo de manera online -la gran mayoría-, lo que para nosotros es un chiste de mal gusto. Se le solicitó al SEA suspender esa etapa, pero la respuesta fue un tajante no”.
Consultada por sus expectativas respecto a la votación de mañana, expresó que “yo no tengo mucha confianza en las autoridades, porque en todo este proceso hemos visto que solo se han reunido con los canalistas y solo han escuchado la voz de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, pero no escucharon la voz de la ciudadanía, ni siquiera han venido al territorio”.
“La promesa del gobierno actual fue precisamente poner énfasis en la pequeña agricultura, fomentar la soberanía alimentaria y terminar con el acaparamiento de agua, sin embargo, tomó este proyecto y lo siguió impulsando, con la misma lógica de los gobiernos anteriores”, criticó.
Finalmente, la vocera advirtió que “el proyecto se dividió en dos, y lo que se votará el lunes corresponde a la primera etapa, y todavía no se presenta el estudio de la segunda etapa, que es la red de canales, tendrían que haberlo hecho en 2021, luego la DOH informó que por razones técnicas se había retrasado un poco, pero que en el segundo semestre de 2023 se iba a presentar, pero todavía no pasa nada (…) Eso significa que el lunes los seremis van a votar un proyecto a medias, cuyo impacto real no conocen, porque la red de canales no es algo menor”.
