El Servicio de Evaluación Ambiental de la región del Biobío, sugirió rechazar el proyecto de extracción de áridos que había propuesto la empresa Arenex, vinculada a una de las cementeras más grandes del país y que promovía el retiro de millones de metros cúbicos de áridos desde el sector de Huape, al poniente de Chillán.
La propuesta, ingresada antes de que se produjera la separación con Ñuble, continuó en la región vecina hasta la semana pasada, cuando tras el estudio de los expedientes emanados desde entidades estatales y desde la comunidad, se emitió un informe desfavorable a las pretensiones de la entidad ligada a Cementos Biobío.
La propuesta de la firma, consideraba según antecedentes del SEA, la ampliación y traslado de la extracción y procesamiento de áridos en el Río Ñuble en la zona de Confluencia, al Fundo San Francisco, en el sector de Huape, lo que “corresponde a una modificación del proyecto con Resolución de Calificación Ambiental favorable del año 2012”.
El proyecto a ocho años, consideraba un volumen de extracción total de aproximadamente 3.500.000 m3, considerándose cerca de 2.600.000 m3 útiles y aproximadamente 900.000 m3 de escarpe, en un total de cinco cuñas de extracción y dos pozos lastreros, de un total de aproximadamente 109 hectáreas.
Resolución
En su informe final, el SEA Biobío, “recomienda rechazar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Ampliación y Traslado de Extracción y Procesamiento de Áridos RíoÑuble en Confluencia con Ríos Chillán y Changaral, al Fundo San Francisco, sector Huape”.
La entidad fundamenta su rechazo basándose en que el proyecto no acredita el cumplimiento de los requisitos de otorgamiento de carácter ambiental contenidos en el Permiso Ambiental Sectorial 160 del Reglamento del SEIA ‘Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos’, que otorga el Servicio Agrícola y Ganadero de la Región del Biobío, uno de los órganos técnicos encargados del otorgamiento de este Permiso”.
Además, se plantea que el titular no realizó una adecuada caracterización del suelo, a lo que se suma que “no acredita que no se genere un impacto significativo” en relación a la pérdida de suelo.
El SEA, subraya que “dado que al no estar bien caracterizada el área de influencia del recurso suelo no es posible evaluar la significancia de los impactos que se generarían por las partes, obras y acciones del proyecto sobre el dicho recurso en términos de cantidad y calidad, respecto a su condición inicial”.
Finalmente, se plantea y de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 19.300, “se rechazarán las declaraciones de Impacto Ambiental cuando no se subsanaren los errores, omisiones o inexactitudes de que adolezca o si el respectivo proyecto o actividad requiere de un Estudio de Impacto Ambiental o cuando no se acreditare el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley”.
En estas condiciones, es altamente probable que mañana viernes el SEA de Ñuble analice este proyecto y tome una decisión definitiva amparada en la documentación proveniente desde Concepción y que contiene análisis técnicos de organismos del Estado.
Vecinos
Tras la decisión adoptada por aquel organismo, el agricultor Luis Mardones, que sería afectado por las actividades de Arenex, manifestó que “se ha hecho justicia pues la empresa había entregado un informe que adolecía de muchas deficiencias”.
El fruticultor de Huape, agregó que “en la declaración ambiental se planteaba que los terrenos que serían ocupados para extraer material pétreo eran de tipo VIII, pero en realidad son de tipo III y de riego”.
Agregó que en el pasado, los terrenos que según la empresa son improductivos, fueron adquiridos por una viña nacional para implantar viñedos y anteriormente a eso fueron usados para producir diversas variedades vegetales para lo cual incluso obtuvieron apoyo de la Comisión Nacional de Riego que financió un pivote central, que aún permanece en el sitio.
Además, la empresa proyectaba generar una hondonada de unos tres metros de profundidad, en una superficie de unas 109 hectáreas, lo que generaría problemas eventuales de inundación en los sectores aledaños, incluido su predio de productos de exportación que colinda con el proyecto de Arenex.
“Lo que valoro de la declaración del SEA de Biobío es que supieron sobreponerse al lobby de la empresa y detectar que en su presentación existían falencias evidentes y situaciones que no respondían a la realidad, como la calidad de las tierras, las que son muy productivas”, afirmó.
En tanto, Ghislaine Vallejos, vecina y dirigente del sector de Huechupín, destacó que el proyecto no podía haber sido aprobado como consecuencia de los efectos que tendría en el entorno.
Agregó que “en Biobío hicieron la pega. Además, no es posible que en un espacio de 12 kilómetros desde el puente de Vista Bella a Confluencia existan en la actualidad seis plantas extractoras y pozos lastreros, con todo el daño que ello significa para el medioambiente”.
Asimismo, subrayó que “me parece que tras el estallido social las autoridades deben ponerse de parte de la gente y no de los grandes intereses”.
En el caso de Huape, Quinchamalí, Huechupín y alrededores, existen proyectos de plantas de extracción de áridos que intervienen los cauces y producirían efectos adversos en los ecosistemas y la vida de las comunidades rurales.
A ello se suma que las empresas utilizan de manera intensiva la carretera entre Chillán y Confluencia, la que ha sido permanentemente reparada como efecto del paso constante de camiones con carga superior a la permitida.
Por ello es que solicitaron al MOP que fiscalice de mejor manera a las chancadoras con el fin de que respeten la carga, velocidad y otros aspectos.
