Cinco carreteras nacionales, entre ellas la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, Central, el Corredor Vial Sur Apurímac-Cuzco-Arequipa y el Corredor Vial Interoceánico Sur, entraron ayer en estado de emergencia, al igual que las regiones de Lima, Cuzco, Puno y la provincia constitucional del Callao.
Así lo decretó el Gobierno peruano, que extendió en estas zonas concretas y por 30 días el estado de emergencia que entró en vigor el 15 de diciembre en todo el territorio nacional.
La medida también incluye la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac, las provincias de Tambopata y Tahuamanu del de- partamento de Madre de Dios y en el distrito de Torata, en el departamento de Moquegua.
Durante el estado de emergencia, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, y la Policía Nacional del Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Hasta el momento, las protestas antigubernamentales han dejado 41 manifestantes fallecidos en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden y un agente de policía asesinado por una turba.
Además, siete personas más han perdido la vida “por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo”, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales a 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente.
La mandataria pidió perdón el viernes si su Gobierno “se equivocó en encontrar la paz y la calma” y afirmó en un mensaje a la nación que no renunciará y seguirá “promoviendo el diálogo y la paz social” para superar la crisis social y política que vive el país.
