Señor Director:
Algunas candidaturas, presidenciales y parlamentarias, declaran tener dentro de su agenda “salirse” de tratados internacionales. El concepto preciso que designa la voluntad de un Estado de dejar de formar parte de un tratado se denomina denuncia.
La Constitución vigente establece que la conducción de las relaciones internacionales corresponde al presidente de la República y solamente él, de conformidad al artículo 54, puede denunciar un tratado.
La política exterior es un asunto de Estado y no de los gobiernos de turno. Denunciar un tratado equivale a derogar una ley vigente y a desconocer compromisos adoptados con otros estados. La magnitud del asunto ha sido comprendida por todos quienes han desempeñado la Presidencia de la República en nuestro país y no han ejercido la facultad de denuncia con fines electorales ni para favorecer su mandato. Quien sí lo ha hecho en el cono sur ha sido Venezuela con los gobiernos de Chávez y Maduro. El caso es elocuente.
Es de esperar que el futuro gobierno respete esta práctica que antepone el interés del Estado por sobre los caprichos personales y no se instale en el bando de las autocracias. Y por si la cordura no prima, no nos vendría mal la aprobación del proyecto de reforma constitucional contenido en el Boletín 12343- 07 mediante el que se propone que la Denuncia de un tratado, al igual que su aprobación, deba contar con acuerdo del Congreso.
Dr. J. Ignacio Núñez Leiva
Profesor Derecho Const. U. Autónoma
