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Después de más de siete meses de intenso análisis en la Comisión de Constitución, la Sala del Senado inició el estudio en particular del proyecto que reforma el sistema notarial y registral del país en sus aspectos orgánicos y funcionales, estableciendo un nuevo sistema de nombramiento para notarios y conservadores de bienes raíces, además de una serie actualizaciones al sistema que ha regido a Chile por más de 150 años.
Esta iniciativa cumple su segundo trámite y además de ser analizada por la Comisión de Constitución, donde se realizaron la mayoría de los cambios, fue derivada a la Comisión de Hacienda para ver aspectos propios de esa instancia.
Fue la senadora Claudia Pascual, quien, en su calidad de integrante de la Comisión de Constitución, informó sobre las modificaciones al proyecto que recibió casi 500 indicaciones.
En un detallado informe indicó que se eliminó la figura de los fedatarios que venía en el proyecto original; se establecieron inhabilidades; se estableció un nuevo proceso de nombramiento que estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y será por Alta Dirección Pública; se dispuso que el fiscal judicial de la Corte Suprema será el encargado de fiscalizar la conducta funcionaria de los notarios y conservadores; y se faculta al Presidente de la República para crear nuevas notarías, entre otras medidas.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Felipe Kast, señaló que el proyecto avanza en la dirección correcta aun cuando se planteó al interior de esa instancia, que se podría haber avanzado aún más.
En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, valoró los avances que implica este proyecto, señalando que viene a actualizar normas obsoletas y a fortalecer el sistema. entre varios aspectos destacó el nuevo sistema de nombramiento de notarios y conservadores, indicando que reduce las barreras de entrada, reduce la discrecionalidad y se sustenta en concursos objetivos transparentes y públicos.
Reforma
Respecto del sistema de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros, se establecen inhabilidades para quienes se encuentren ligado por matrimonio, por acuerdo de unión civil, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, por afinidad hasta el segundo grado, o por adopción, a las altas autoridades de los Poderes del Estado y de los organismos públicos. También se regula el procedimiento de selección para proveer los cargos de notarios, conservadores y archiveros, haciendo aplicables las normas que rigen la selección de los altos directivos públicos.
Asimismo, modifica el sistema de creación de nuevas notarías, manteniendo esta facultad en el Presidente de la República, pero eliminando la exigencia de un informe previo favorable de la Corte de Apelaciones respectiva. Faculta al Presidente para determinar, no solo la comuna en la que se deberá establecer la notaría que se crea, sino también para precisar, si así lo estima, una localidad, sector o barrio específico en donde éste debe establecerse.
La iniciativa también establece estándares de transparencia y probidad, imponiendo a notarios, conservadores y archiveros judiciales la obligación de entregar oportunamente toda la información relativa al ejercicio de su función que les sea requerida por el fiscal judicial de la Corte Suprema, entre otras medidas.
