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Agrupaciones ambientales y alcaldes de Ñuble manifestaron su preocupación por la proliferación de loteos cercanos a zonas de alto valor ambiental.
Tal como se mencionó en una reportaje publicado por La Discusión el domingo, los terrenos que se comercializan están presionando los límites de la Reserva de la Biósfera Nevados de Chillán-Laguna Laja. Por ejemplo; en San Fabián desde el año pasado se están vendiendo parcelas en la ribera sur del río Perquilauquén, bajo la figura del “Derecho de real conservación” (DRC).
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Desde ONG Dosel han levantado cuestionamientos hacia el megaloteo, ya que consideran que su emplazamiento representa una amenaza para la riqueza ecológica de lugar.
La organización ha realizado planteamientos ante la Superintendencia de Medio Ambiente y el SAG, que otorgó certificaciones a la subdivisión de algunos loteos. Dosel espera que se exija un estudio de impacto ambiental, ya que estiman que no se ha ponderado adecuadamente las consecuencias de permitir que se habiten esas zonas.
En el caso de Pinto, a través de redes sociales, se ofrecían a la venta parcelas en el sector de Atacalco, cercanas a la Reserva Ñuble, así como en otros puntos del valle Las Trancas, lo que no deja indiferentes a agrupaciones vinculadas a la defensa del medio ambiente.
La directora de la Fundación “Centro Educativo El Huemul” de Valle Las Trancas, Macarena Sperry, comenta que en la zona de Sangrila se están generando lotes cada vez más arriba con cercos que no dejan pasar a la fauna.
Su preocupación radica en que el fenómeno de las parcelaciones no favorece el desarrollo de las especies, pues coartan su hábitat.
Alcalde de ambas comunas cordilleranas la subdivisión de los terrenos fuera de los límites urbanos y de difícil acceso requiere especial atención, porque se ha generado un problema para los municipios desde el punto de vista de los servicios que comienzan a demandar los habitantes de estos loteos.
La Discusión consultó al Servicio Agrícola y Ganadero sobre los criterios para aprobar estas subdivisiones mencionadas, si realizó consultas a otros organismos o si efectivamente estas constituyen una amenaza para la reserva.
Ante los cuestionamientos, el Servicio Agrícola y Ganadero responde que no se puede hablar de impactos. “Se ha constatado que no hay existencia de construcción de viviendas de los propietarios en el sector, por lo que no podemos hablar de impacto o amenaza para la flora y fauna. En este sentido, para poder referirnos a un impacto como el descrito se debe atender a la realidad del área de emplazamiento de los proyectos, y en este caso, tales externalidades negativas no se producen porque no hay viviendas construidas”, dijo.
Aseguraron que “los proyectos mencionados, fueron revisados por este servicio, y al momento de su revisión, cumplían con la normativa vigente sectorial, esto es, el DL N° 3516/1980 y la Resolución Exenta N° 3904/2019 de la Dirección Nacional del SAG, teniendo especial consideración que las cabidas de los lotes generados exceden el mínimo establecido en la norma. En el caso de cuatro de los proyectos de San Fabián se consultó a la Conaf, teniéndose presente lo informado por dicha Corporación al momento de resolver dichas solicitudes. Además, luego de la certificación de los proyectos, el SAG puso en conocimiento de esta circunstancia a los demás órganos competentes”.
Agregaron que por uno de los proyectos se presentó una denuncia ante el Juzgado de Policial Local, tras una fiscalización por contravención al DL N°3516.
Respecto a la evaluación ambiental, precisaron que en “virtud de lo establecido en la Ley N° 19.300, es obligación del propietario definir si su proyecto debe ser sometido al sistema que establece la norma. En este sentido, el SAG no tiene las facultades para exigir la pertinencia de evaluar ambientalmente los proyectos. Además, es dable aclarar que la competencia otorgada por el ordenamiento jurídico a este servicio se limita específicamente a certificar que la solicitud de subdivisión predial cumple con los requisitos de la normativa vigente, y no autorizar las subdivisiones”
Con el objeto de resguardar las áreas vecinas a reservas o zonas de alto valor ecológico, Conaf indica que en 2022 propició la creación de una mesa intersectorial para abordar la problemática de las subdivisiones, entre el SAG, la Superintendencia de Medio Ambiente, Consejo de Defensa del Estado, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Dirección General de Aguas y Ministerio de Medio Ambiente, con el propósito informar y coordinar acciones, en materia preventiva y de fiscalización.
En una primera instancia, este trabajo colaborativo permite a Conaf y otros servicios, suministrar información al SAG, aportando antecedentes técnicos relevantes durante la tramitación de la certificación de subdivisión de predios rústicos, que permitan a dicha institución tomar una debida determinación. Además se han realizado capacitaciones a evaluadores del Servicio Agrícola y Ganadero, para que reconozcan durante la tramitación de solicitudes de subdivisiones, aquellos aspectos básicos de evaluación ambiental.
“Conaf está preocupada por aquellas subdivisiones aprobadas en forma previa al trabajo de coordinación y de consulta entre servicios, como es el caso del megaproyecto de San Fabián. Por ello, ha redoblado sus esfuerzos por mantener un monitoreo permanente de la Reserva de la Biósfera, a través de un programa de fiscalización oportuna, que integra monitoreo satelital de áreas estratégicas, participación en comités de trabajo de las ZOIT de Pinto y San Fabián, Reserva de la Biósfera, e Inspecciones prediales que permitan detectar incumplimientos a la legislación forestal y ambiental y activar todas las acciones que permitan detener y/o corregir los impactos que generan las subdivisiones al momento de iniciar la construcción de caminos de acceso y viviendas”, informó Eduardo Mera Igor, jefe del Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental de Conaf.
Asimismo, agrega que “gracias al trabajo sinérgico, se han podido identificar mega proyectos no solo en San Fabián, si no en otras comunas que están generando impactos importantes , que ya cuentan con denuncias de Conaf, pero que además ha sido necesario escalar al nivel del Consejo de Defensa del Estado, para que se realice una denuncia por posible daño ambiental”.
