Los regantes del río Ñuble expresaron su confianza en que el nuevo Gobierno del Presidente Gabriel Boric seguirá adelante con el proyecto embalse La Punilla, que actualmente se encuentra en etapa de licitación.
“Sabemos que este nuevo gobierno continuará con la materialización de este embalse”, expresó Fernando Rueda, presidente de la Junta de Vigilancia del río Ñuble, que agrupa a unos cinco mil regantes, beneficiarios directos de la megaobra de riego.
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Rueda se refirió a las declaraciones del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, a La Discusión, quien condicionó la continuidad del proyecto a criterios ambientales y sociales.
-¿Cómo interpreta las declaraciones del ministro de Agricultura sobre el proyecto?
-En la Junta de Vigilancia compartimos plenamente el concepto que el nuevo ministro expresa de los embalses modernos, que incorporan trazabilidad ambiental como piedra vinculante, la universalidad en el uso de los derechos de agua, la incorporación del consumo humano, entre otros factores. Y debo expresar con responsabilidad que el proyecto embalse Nueva Punilla cumple fielmente esos preceptos. Nosotros entendemos que el nuevo gobierno debe comenzar a estudiar cada una de las materias que están en proceso, pero no hay duda alguna que este proyecto cumple con toda la normativa medioambiental, siendo la gran solución para miles de agricultores que están quedando en total indefensión por la sequía. Los embalses son hoy la vía principal para proteger la subsistencia de los agricultores chilenos y de sus familias, evitando que la escasez hídrica nos lleve a un punto sin retorno producto del cambio climático.
-¿Percibe que el proyecto no cuenta con el apoyo de este Gobierno?
-Las percepciones a veces se transforman en prejuicios, por lo que los regantes preferimos no hablar de percepción y mejor acercarnos a la realidad, dialogar y aclarar las dudas que cualquier autoridad, institución o miembros de la sociedad civil puedan manifestar sobre la marcha de nuestra cuenca.
Cuando hablamos de producción de alimentos, en un contexto de crisis social e inflación creciente, sin duda que uno de los grandes acentos debe estar puesto en la agricultura. El embalse que comenzará a construirse este año entregará seguridad de riego a miles de agricultores de Ñuble, una región con altas tasas de pobreza que requiere revertir indicadores en el corto plazo, mejorando el bienestar social de las comunidades que viven en el mundo rural. Este es un fundamento más que suficiente para que todos contribuyamos a que este proyecto se materialice lo antes posible.
-¿Qué expectativas tiene del proceso de licitación?
-Estamos muy conformes con este proceso de licitación, que por lo demás es el resultado de un aprendizaje continuo. Hemos aprendido a corregir, a no reiterar errores, a fortalecer los aciertos, y hemos llegado a una solución que logra conciliar todas las dimensiones que uno espera en una obra de riego de esta envergadura. Ha sido un trabajo muy prolijo, que ha quedado demostrado por el alto interés de los potenciales oferentes.
-¿Existe la aprensión entre los regantes sobre una eventual paralización de este proceso?
-Tenemos la certeza de que el proyecto ha cumplido con todas las normas y etapas de nuestra institucionalidad, siendo además apoyado por todos los sectores. Recordemos que el gobierno de la Presidente Bachelet fue muy importante en la primera licitación de esta obra, que por razones ajenas a nuestra voluntad y del gobierno de turno, terminó en un resultado que no era el que esperábamos.
-¿Cómo sugiere abordar la problemática social del proyecto?
-En todos los proyectos con impacto económico y social puede haber detractores, es normal que eso ocurra, lo importante es comunicar y generar los puentes para las confianzas recíprocas. No nos olvidemos que el mandante de este proyecto es el MOP y quien debe ejecutar el plan de desarrollo social es el concesionario, pero siempre mandatado y supervisado por el MOP.
-¿Es un error dejar en manos de la concesionaria la implementación del plan de desarrollo social?
-El plan no tiene una caracterización o asignación de responsabilidades en términos absolutos. Se entiende que independiente de quien la debe implementar, son muchos los actores que conversan: el Estado, los regantes, las comunidades y el importante rol informativo de los medios de comunicación. En ese sentido, nosotros siempre hemos sostenido que las compensaciones deben ser justas, y que sumadas a los beneficios del embalse, nos entregan la oportunidad histórica de generar un círculo virtuoso en torno al progreso de nuestras comunidades, sean regantes o no. En ese contexto, todos debemos contribuir con el plan de desarrollo social.
-Autoridades locales han manifestado sus críticas al proyecto. ¿Cree usted que el MOP apostará por una revisión del proyecto?
-La formulación de proyectos, especialmente las grandes obras de impacto social, no son antojadizas, responden a estudios técnicos y a un trabajo serio de los funcionarios del ministerio. Recordemos que el estudio de factibilidad de 2001 fue un instrumento macizo para orientar la toma de decisiones, definir un óptimo de acumulación y así proyectar la presa que se construirá una vez se cierre la adjudicación. Los potenciales impactos y beneficios se proyectan a partir de un conjunto de variables, las que estamos seguros que el MOP ponderó al momento de proponer el resultado final plasmado en las especificaciones técnicas.
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