La preocupación de los agricultores de nuestra región, donde se observa un incremento de los actos delictivos en los campos y un notorio déficit de personal policial, es un asunto de alta prioridad para las comunidades afectadas y, por tanto, debería ser abordado con celeridad por parte de las autoridades competentes, es decir, Carabineros y el Gobierno.
Según una encuesta realizada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), principalmente entre agricultores de la zona Centro-Sur, el 80% ha sufrido más de un robo en sus predios. A nivel local, en tanto, un estudio similar reveló que el 75% de los productores han sido víctimas de delitos.
Se trata de un fenómeno que se ha vuelto recurrente en los últimos años, en que ha evolucionado el nivel de especialización de los delincuentes. Y es que si bien las monturas, espuelas y riendas son los elementos más sustraídos, de acuerdo a la encuesta y a las denuncias que llegan a Carabineros y PDI, los antisociales están priorizando la sustracción de fertilizantes y productos fitosanitarios de alto valor y de tamaños compactos de fácil transporte.
Empresas agroindustriales y grandes productores han invertido cuantiosas sumas para mejorar los niveles de seguridad de sus instalaciones, particularmente de sus bodegas, convirtiéndolas en verdaderos bunker, con alarmas, cámaras, sensores de movimiento, e incluso, bombas de humo. Pero la mayoría de los agricultores no puede hacer esa inversión en seguridad y continúa siendo víctima de robos perpetrados por delincuentes que actúan de manera organizada.
Mientras tanto, los organismos policiales carecen de recursos suficientes para responder adecuadamente a este problema en un territorio extenso, con una geografía diversa y compleja. Coihueco, por ejemplo, tiene 1.776,6 kilómetros cuadrados que la convierten en la comuna más grande de la región, no obstante Carabineros –pese a las mejoras registradas los últimos años- no tiene vehículos suficientes para realizar patrullajes nocturnos permanentes y una adecuada cobertura. La realidad es similar en Yungay, San Fabián, El Carmen, Quirihue y Cobquecura. Todas poseen una gran superficie, surcada por caminos de ripio y tierra, lo que hace muy difícil las rondas y cobertura preventiva.
A lo anterior se suman que la cantidad de funcionarios activos por cada turno en las comunas rurales dista mucho del estándar sugerido por la propia institución, que es de 2,5 efectivos por cada mil habitantes.
Es por lo anterior que los dirigentes gremiales del agro, lo mismo que alcaldes de diferentes comunas rurales de la región han reclamado soluciones concretas y efectivas, que pasan, necesariamente, por invertir en mayor dotación de personal y equipos de apoyo a dicha labor.
La seguridad es un requisito básico en la construcción de paz social, y por tanto, un elemento fundamental de la calidad de vida de los habitantes. Es deber del Estado brindar los niveles de seguridad que permitan el desarrollo armónico del territorio, de las comunas grandes y pequeñas, de los grandes núcleos urbanos y también del Chile rural.
Para los productores, este fenómeno se ha instalado en la región en un contexto económico difícil para la agricultura, no son pocos los que han pensado en cerrar los huertos, una medida extrema que impactaría duramente el empleo en muchas comunas.
De no haber un mayor compromiso de las autoridades políticas con el resguardo de la seguridad en las zonas rurales y la persecución de los delitos, asegurando los recursos para el trabajo policial y del Ministerio Público, y fortaleciendo su accionar, el estado de derecho seguirá cediéndole espacios a la ley del más fuerte, un escenario que nadie quiere volver a ver en nuestro país y que podría sumir a la principal actividad económica de la región en un estancamiento con graves consecuencias económicas y sociales.
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