Según la Organización Internacional del Trabajo, la informalidad laboral se caracteriza por incidir directamente en el aumento de la tasa de pobreza y producir graves consecuencias en el trabajo decente.
Un trabajador informal no tiene ningún tipo de protección social. Sin un contrato, puede ser desvinculado sin expresión de causa ni indemnización, no cotiza para el seguro de cesantía ni en AFP, no tiene derecho a vacaciones legales, a seguridad laboral ni al pago de la licencia médica. Está desprotegido frente a eventuales abusos, y usualmente se trata de empleos precarios, es decir, con bajos salarios, jornadas extendidas y condiciones laborales deficitarias.
El trabajo informal nivela hacia abajo, representa una competencia desleal en el mercado laboral y es el resultado de la incapacidad de la economía de generar suficientes empleos dignos. Sin embargo, es una realidad histórica que también responde a factores culturales, particularmente en una región con una alta tasa de ruralidad y una tradicional informalidad, particularmente en el mundo agrícola, que actualmente concentra el 21,9% de los ocupados informales.
Por ello no sorprende tanto que la región de Ñuble ostente la segunda tasa de ocupación informal más alta del país, con un 35,9% en el trimestre julio-septiembre, muy superior al promedio nacional de 27,1%. Aunque el guarismo también muestra una preocupante alza de 3,5 puntos respecto igual periodo de 2021, lo que se puede explicar por el contexto económico postpandemia, en que la economía, por un lado, no ha sido capaz de recuperar todos los puestos que se perdieron durante la crisis, y por otro, las dificultades de algunos segmentos, principalmente mujeres, para reinsertarse en el mundo del trabajo, cumpliendo paralelamente, labores de cuidado en el hogar.
Es así como los empleos por cuenta propia permiten explicar parte del fenómeno, ya que brindan un horario flexible y, dependiendo de otras variables, pueden generar ingresos suficientes para mantener un hogar. Tradicionalmente, las crisis económicas son los periodos en que mayores emprendimientos surgen, y ésta no ha sido la excepción. Son muchos los que, sin empleo, se vieron en la necesidad de comenzar un negocio, y otros tantos que han decidido aprovechar la oportunidad de generar ingresos sin la necesidad de obedecer a un jefe o cumplir una extensa jornada laboral.
Como si el escenario no fuera lo suficientemente malo, se pronostica una recesión el próximo año, que podría agudizar el problema del desempleo en la región, e incrementar aún más la informalidad.
Por ello sigue siendo urgente avanzar en políticas que apunten hacia la formalización de las actividades, por ejemplo, con incentivos específicos; que incorporen mayores niveles de flexibilidad laboral; y que apuesten por la atracción de inversiones para crear más empleos formales; pero paralelamente, subsanar las brechas de competitividad que mantienen rezagada a la región en muchos indicadores, como la calificación del capital humano, la disponibilidad de energía, la infraestructura pública, la conectividad digital y la superficie cultivable con seguridad de riego, que son precisamente aquellos nudos que hoy desincentivan la inversión. No basta con atacar el síntoma, sino también la causa.
