El retraso que exhibe el anhelado proyecto embalse Zapallar, que se pretende levantar en la zona alta del río Diguillín, tiene bastante inquietos a los regantes de la Junta de Vigilancia del río Diguillín y particularmente a los cerca de mil regantes que se verán beneficiados con la obra, que es parte del diseño original del sistema Laja-Diguillín.
Las distintas fechas comprometidas por el Gobierno para el ingreso del estudio de impacto ambiental (EIA) al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no se han cumplido. Se esperaba que iniciara su tramitación en diciembre pasado, luego en abril y el último plazo informado fue abril.
De esta forma, tampoco se cumplirá el anuncio del exministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, cuando en diciembre del año pasado afirmó que el embalse se licitaría en 2019. De hecho, según el nuevo cronograma que la Dirección de Obras Hidráulicas, dicha licitación está prevista para mediados de 2021 y su adjudicación, para 2022.
Demás está reiterar la importancia de este proyecto que dará seguridad de riego a 10 mil 205 nuevas hectáreas en San Ignacio y El Carmen, además de asegurar la disponibilidad del recursos a zonas actualmente regadas, lo que contribuirá a factibilizar la introducción de cultivos intensivos más rentables, como la fruticultura, proceso que tendrá un impacto económico en el territorio.
También existe preocupación a nivel político: los diputados Jorge Sabag y Carlos Jarpa expresaron la necesidad de poner el acelerador a este proyecto, cuyo retraso, si bien radica en el estudio de actualización de la ingeniería que ejecuta la consultora Consorcio MN Ingenieros-LEN Asociados -contrato que comenzó en mayo de 2017 y debía concluir en febrero de este año-, tiene un mandante y único responsable: el MOP.
Paralelamente, esta cartera no ha logrado sortear con éxito el inicio de la ejecución del embalse La Punilla, que por su envergadura -sumará casi 70 mil hectáreas al riego- es el mayor proyecto público en la región, con una inversión total que supera los US$500 millones.
En este caso, las dificultades que ha debido enfrentar la concesionaria Astaldi para implementar el plan de relocalización de las familias que habitan la zona que será inundada, debido al cuestionado manejo del tema por parte del Ministerio, tienen frenado el inicio de las obras, a la espera de lo que resuelva la justicia.
Tampoco el MOP ha logrado echar a andar el proyecto de canales para dar riego a los “blancos” de Diguillín, una iniciativa con una alta rentabilidad social, sin mayores conflictos, pero entrampado en una discusión sobre la fórmula de financiamiento.
¿Se podía evitar el conflicto judicial con las familias afectadas por La Punilla? ¿Se podía agilizar la ejecución del estudio del Zapallar? ¿Se podía abordar antes la discusión sobre el financiamiento del proyecto para los “blancos”? Claramente, la capacidad de gestión no fue suficiente, a nivel central como regional.
Con Fontaine afuera del MOP, solo queda esperar que el ministro Alfredo Moreno logre reimpulsar estas iniciativas clave para la región de Ñuble, donde todos saben que mientras más pronto se ejecuten, más rápido se avanzará hacia mayores niveles de crecimiento económico.
